A las cartas enviadas por el presidente de VOX, Santiago Abascal, al PNV y a los responsables de patrimonio del Instituto Cervantes, a las iniciativas que la formación ha presentado en el Congreso y en el Senado con el objetivo de lograr que el Gobierno no regale el Palacio de la Avenida Marceau de París al PNV a cuenta de todos los españoles, se suma ahora una querella contra el Consejo de Ministros por los delitos de prevaricación, artículo 404 del Código Penal (CP) y malversación de fondos y caudales públicos, artículos 432 del CP y 435.5ª CP, y artículo 31 bis CP.
La coordinadora Nacional Jurídico de VOX Marta Castro recuerda que el palacete es de patrimonio del Estado y, por tanto, propiedad de la Nación española y de todos los españoles. «A través de la utilización de una disposición adicional en un texto legal -el Decreto ómnibus- se consigue introducir una norma con la que se pretende dejar sin efecto, no sólo una resolución judicial como es la dictada por el Tribunal Supremo, sino también las dictadas previamente por el Tribunal de la Corte de París, además, reinterpretar a su propio interés la normativa aplicable», argumenta la formación en su escrito al Supremo.
Contra todo principio jurídico
La formación también denuncia en su querella que el Consejo de Ministros, «con pleno conocimiento», aprueba el Real Decreto Ley «que
infringe al Ley 20/2022, la Ley de 1998, las sentencias extranjeras, y la Sentencia del tribunal Supremo, y por tanto, en contra de todo principio jurídico sobre un bien público del Estado». Y se dicta con la finalidad de eludir, «en evidente fraude de ley», las previsiones contenidas en los artículos 145 y 146 y sus y concordantes de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
En definitiva, según explica Castro «no existe ningún título ni causa justa que pueda acreditar la transmisión a favor del PNV». Además, destaca el escrito que para evitar la impugnación del acuerdo que debiera dictar el ministro de Hacienda o el Consejo de Ministros, se acude a una enajenación directa mediante Ley, congelando el rango de un acto administrativo; en una clara muestra de desvío de poder, y en fraude de ley, adjudicando un bien de titularidad pública – estatal, valorado al parecer en 10,5 millones de euros, a un partido político.
Destaca, además, la querella que «debe apreciarse que el momento preciso en el que se articulan se enmarca en la búsqueda de apoyos políticos o pagos a acuerdos previos o quizá a cuenta de futuros a los que el Ejecutivo se compromete para conseguir sus finalidades propias y partidistas», una cuestión que «se aparta del interés general que debe presidir sus acciones».
Diligencias
Así, la formación ha solicitado al Supremo que se interrogue a los querellados; que se solicite el expediente completo del procedimiento correspondiente al recurso 215/2001, seguido ante la Sala 3ª Tribunal Supremo; y que se certifique el acuerdo del Consejo de Ministros con expresión de los presentes, los intervinientes y los votos de los miembros integrantes del mismo, así como los votos discrepantes que hubieran existido si los hubo.
Castro también ha interesado que se solicite a la mesa del Congreso de los Diputados, certificación en la que conste la presentación, admisión, y resultado de la votación sobre el Real Decreto-Ley 9/2024 de 23 de diciembre, el pasado 22 de enero de 2025; que se reclame a Patrimonio del Estado, la valoración económica del inmueble que figure a sus efectos, y certifique su inclusión en el inventario.
Pide también la formación que se solicite a la Dirección General de Patrimonio del Estado el informe completo para la enajenación del Palacete en favor del PNV; los informes – si los hubiera – que han justificado eludir abiertamente las previsiones de la LPAP.
Por último, la formación quiere que se tome declaración en calidad de testigo al presidente del Consejo de Administración y al director de la sede de PARÍS del Instituto Cervantes y al director general de Patrimonio del Estado en calidad de testigo. Por último, que se designe representante procesal, y se tome declaración al representante legal de EAJ-PNV.