La intervención en el libre mercado español por el actual gobierno socialcomunista a través de la última reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que no obliga a las cadenas de supermercados que conforman el oligopolio en destino, no ha conseguido evitar una nueva crisis de cotizaciones de los productos de las explotaciones agrarias de Almería y la costa granadina, y de las empresas agroalimentarias en origen, que son los eslabones más débiles.
Desde el comienzo del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos en el año 2011, las exportaciones a la UE de productos hortícolas se han incrementado en más del 40% y las importaciones españolas de tomate desde Marruecos se han elevado casi un 30% en el mismo periodo.
Era de suponer, por tanto, que la superficie de cultivo de tomate en España se reduce año tras año. La pasada temporada la caída representó un 9% respecto a la anterior, motivada por los ajustados márgenes empresariales, consecuencia, a su vez, de la sobreoferta en el mercado provocada por la entrada de tomate marroquí a bajo precio.
La sustitución paulatina, año tras año, de la superficie cultivada de tomate por la de pepino (aumentó el 7% en la campaña 19/20) y de pimiento (registró un incremento del 7% en la pasada temporada), está hundiendo los precios en origen de estos productos hortícolas. En el caso del pepino, la media de las últimas 4 semanas que perciben los agricultores está por debajo de 0,20 €/Kg, cuando en el lineal de los supermercados el precio se incrementa al menos un 500% respecto a aquel.
Las consecuencias económicas, por prevalecer otros intereses para la UE y de la desatención por parte del ejecutivo español del modelo de agricultura sostenible y familiar del sureste, la menos subsidiada de España, se harán notar si la Comisión Europea no supervisa el cumplimiento de los Acuerdos de asociación.
El gobierno español debe reclamarle a la UE la vigilancia del cumplimiento, en los productos importados de terceros, de los requisitos de seguridad alimentaria, de condiciones laborales y de criterio medioambiental. Exigirle también total transparencia en el control de las toneladas importadas en todos los puestos de inspección fronterizos europeos, con la publicación de los volúmenes que sobrepasan los contingentes arancelarios acordados y que deben ser gravados con derechos aduaneros, al objeto de igualar los costes de producción de los productos extracomunitarios con los nuestros, de forma que se elimine la competencia desleal en el mercado europeo.
Y en caso de no minorar los excedentes de producción, en virtud del principio de preferencia comunitaria que establece que debe prevalecer lo producido en la Unión Europea frente a lo extracomunitario, el Ministerio de Agricultura debiera instar a la Comisión Europea la revisión de los contingentes de importación y los precios mínimos de entrada desde el país alauita.
