España ha dejado de ser una democracia plena, según The Economist, para ser una democracia defectuosa. Éste es, sin duda, uno de los resultados de estos dos años de gobierno socialcomunista en nuestro país.
Y no es de extrañar que esto suceda, cuando vemos como el sanchismo pisotea y degrada todas las instituciones del Estado. Basta ver el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, justo acabar su etapa como ministra de justicia, y el uso que se hace de la fiscalía, órgano que debería velar por su independencia, pero que actúa al dictado de Pedro Sánchez. En poco tiempo han hecho añicos la separación de poderes. Y si a esto le añadimos que su pareja sentimental es el prevaricador Baltasar Garzón, que mantiene vínculos estrechos con las dictaduras de Hispanoamérica, ¿qué podría salir mal?
Otro elemento de degradación de nuestra democracia es haber convertido el CIS, antaño una entidad demoscópica de prestigio, en un ariete de la estrategia electoral del PSOE. Es la burda utilización de los órganos del Estado, que son de todos, para sus fines partidistas.
Tampoco ayuda a que España pueda ser considerada una democracia plena, el hecho que los miembros del máximo órgano judicial del Estado sean elegidos, no por sus méritos, sino por sus afinidades políticas.
Ni que decir tiene que la adopción, de forma sistemática, de medidas que son claramente inconstitucionales, por parte del Gobierno nacional, medidas que atentan gravemente a nuestras libertades, es claramente otra merma a nuestra democracia.
Pero, lo que peor casa con una democracia plena es que el partido que gobierna haya normalizado y blanqueado a partidos políticos que defienden la ruptura de España, que son capaces de organizar un golpe de estado, así como partidos que justifican, cuando no han participado, de la violencia de ETA. Y ya no es que los haya normalizado, sino que sus políticas dependen de su aquiescencia. El PSOE ha decidido que la gobernabilidad dependa de estos partidos.
