Al leer el título del artículo, posiblemente el primer desgobierno que les haya venido a la mente ha sido el central. Pero podrían ustedes haber elegido otro, pues en esta reedición de los reinos de taifas que es hoy España contamos asimismo con diecisiete desgobiernos autonómicos y dos más en Ceuta y Melilla.
Centrémonos en los problemas de aquí, donde desgobiernan PP y Ciudadanos. Para ocultar su incompetencia a la hora de afrontar el agonizante estado en que se encuentra el Mar Menor, el consenso progre halló como solución criminalizar al sector agrícola, uno de los baluartes económicos de la Región. Respecto a aquellas macroinfraestructuras que iban a hacer despegar a Murcia —ZAL de Los Camachos, Corredor Mediterráneo, AVE…—, nunca terminan de arrancar. Por descontado, ninguno de los responsables políticos autonómicos ha entonado el mea culpa por la falta de resultados tangibles.
Otro ejemplo. Con motivo de la pandemia actual, el desgobierno regional ha escondido su ineptitud tras un nuevo chivo expiatorio: la hostelería, acusada sin fundamento científico alguno de la propagación del coronavirus. El golpe ha sido letal, tan letal que muchos negocios no podrán volver a abrir la persiana. Pero, ¡tate!, tampoco aquí veremos a nadie flagelándose por su nefasta gestión política.
Sentada la inanidad de las instituciones autonómicas y de quienes viven de ellas, el artículo podría haberse titulado «Presidente endiosado».
Nuestras miras se habrían dirigido a Pedro Sánchez, máxime si añadiéramos que el protagonista solo vela por sus intereses y por mantenerse en la poltrona. Sin embargo, trasladémonos de la Moncloa al Palacio de San Esteban. López Miras debe de sentirse como un césar romano al contemplar la iniciativa que acaba de registrar Ciudadanos: reformar la Ley de Presidencia murciana, que le garantizará poder presentarse como candidato un par de legislaturas más. No obstante, tal propuesta encierra una triquiñuela temporal: su entrada en vigor no se haría efectiva hasta 2023. Con ello, Ciudadanos evita que dicha reforma sirviera para convocar unas elecciones anticipadas que, sin duda, plasmarían de forma dramática su irrelevancia social.
¿Qué puede haber detrás de este proyecto conjunto? Porque cuesta entender esa reformatio in peius, toda vez que la limitación de mandatos a dos legislaturas vino impulsada por Ciudadanos y fue condición sine qua non para apoyar la investidura de López Miras. De momento, durante dos años más, este se asegura seguir al frente del Ejecutivo regional, y los diputados naranjas, un sueldo público. Después, Dios dirá.
Seguramente, esta jugada de tahúres no encontrará obstáculos para ser aprobada con toda celeridad. ¿Sucedería igual si los beneficiarios fueran los ciudadanos (con minúscula)?
