Durante el Pleno ordinario celebrado hoy, el Grupo Municipal de VOX Pozuelo ha visto rechazada su moción en la que solicitaba la revocación de la elección de la Secretaria General adjunta de la Federación Madrileña de Municipios (FMM).
De esta manera, los vecinos de Pozuelo de Alarcón pagarán parte del sueldo de más de 95.000 euros de Natalia de Andrés, exalcaldesa socialista de Alcorcón y condenada por la justicia a no poder administrar bienes ajenos públicos o privados durante cinco años. Y es que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, por el hecho de formar parte de la FMM, paga una cuota anual a dicho organismo.
La portavoz de VOX Pozuelo, Ainhoa García Flórez, ha afirmado durante el Pleno que “es evidente que nuestros vecinos, aunque desgraciadamente estén acostumbrados a lo contrario, no entenderían un voto en contra, ni siquiera una abstención, ante un caso tan bochornoso y sangrante como el de la señora Natalia de Andrés”.
Para VOX Pozuelo, que con su propuesta pretendía que toda la Corporación municipal mostrara ante los vecinos una conducta ejemplar de respeto y dignidad a las instituciones y a las resoluciones judiciales, hoy “se ha vuelto imponer el eterno círculo vicioso del bipartidismo que llevamos sufriendo durante décadas”.
Durante el desarrollo del Pleno, VOX Pozuelo, además de recordar que el PP y el PSOE han sido los protagonistas de los mayores casos de corrupción vividos en democracia, mencionando tramas como la Gürtel o las Cárcavas, ha querido evidenciar “las puertas giratorias que ambos partidos siempre quieren ocultar”.
Por otra parte, la formación de Abascal también ha expresado la necesidad de la desaparición de la Federación Madrileña de Municipios, “un chiringuito más que lo único que logra es desacreditar la actividad política de todos, también de los que formamos parte de esta Corporación” y que, además, tienen que sufragar los ciudadanos con sus impuestos.
Por último, VOX Pozuelo ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Pozuelo: “VOX seguirá luchando para dignificar las instituciones, para que se cumplan las resoluciones judiciales, y para que la clase política vuelva al camino de la sensatez y la ejemplaridad”.
