«Una muy buena noticia, ya votamos en contra de su validación el pasado en julio. Es una norma de carácter anticonstitucional». Así se ha referido la diputada de VOX en el Parlamento de las Islas Baleares, Idoia Ribas, al conocerse que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados contra el Decreto-Ley 5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre de Salud Pública de las Illes Balears, y el Decreto-Ley 11/2020, de 10 de julio.
El Decreto-Ley se encuentra en trámite para su conversión y aprobación en ley en el Parlamento de las Islas Baleares. Ribas ha señalado que «se espera que la izquierda lo apruebe, pero nosotros lo hemos llevado al TC y además presentamos enmiendas. Pero damos un paso más para defender, no sólo en los parlamentos, sino en los tribunales cuando las mayorías de izquierda vulneran los derechos fundamentales y las libertades individuales de los ciudadanos como por desgracia viene siendo frecuente en los últimos años».
El Grupo Parlamentario VOX presentó el 11 de agosto ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Salud Pública de las Islas Baleares que impone entre otras medidas, la vacunación obligatoria o el confinamiento forzoso. Tal y como se indica en este recurso, “la reproducción de normas estatales por leyes autonómicas es también una técnica legislativa generadora de inseguridad jurídica y confusión normativa”
“Es constante la doctrina constitucional que considera que la reproducción o reiteración en leyes autonómicas de preceptos de normas estatales es una técnica legislativa deficiente y peligrosa, inadecuada al sistema de fuentes del derecho 58 establecido en la Constitución”, señala el recuso.
Por todo ello, VOX ha presentado recurso de inconstitucionalidad con la intención de que el TC tumbe la citada Ley de Salud Pública, la cual excede las competencias propias de una comunidad autónoma al atribuirse poderes que son propios del Estado, “genera inseguridad jurídica” e impone medidas claramente “ilegales”.
