El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obliga al gabinete Urkullu a anular o modificar hasta 11 artículos del decreto 179/2019, de normalización institucional y administrativa de las lenguas oficiales en las instituciones locales de la Comunidad Autónoma Vasca, al entender que imponen el uso preferente de esta lengua en detrimento del castellano. El TSJPV culmina así un proceso iniciado por VOX hace algo más de dos años cuando recurrió, por dicho motivo, tanto el decreto en cuestión como la Ley vasca de Instituciones Locales que desarrolla.
En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco exige la anulación de artículos que defienden que “la planificación lingüística se dirigirá a posibilitar que las actuaciones municipales puedan desarrollarse en euskera” (9.2), “la utilización del euskera como lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general en sus actividades” (12) o que “el personal de las entidades locales y demás entidades que conforman el sector público local de Euskadi, en primera instancia, se dirigirá al ciudadano o ciudadana en euskera, y continuará en la lengua que este o esta elija” (27.1).
Asimismo, asumiendo el criterio del Tribunal Constitucional que ya sentenció contra la inconstitucionalidad del artículo 6.2 de la Ley vasca de Instituciones Locales, suprime la obligación de acreditar el desconocimiento del euskera para recibir documentación municipal en castellano, uno de los aspectos más conflictivos de la norma y de su desarrollo.
Por otro lado, el TSJPV obliga a anular la obligación de que “los mensajes verbales sin persona destinataria determinada emitidos mediante dispositivos automáticos, servicios de información telefónica, altavoces o similares se realizarán en primer lugar en euskera” (27.e), que “en las condiciones de ejecución del contrato se podrá incluir la regulación relativa a la lengua que se empleará en las relaciones entre la entidad contratante y la persona adjudicataria” (36.7) y que “cuando se preste el servicio, la adjudicataria procurará que las relaciones orales con los ciudadanos y ciudadanas sean en euskera“ (36.8.b).
Finalmente anula el apartado 10 de dicho artículo, que apunta que “las entidades locales y demás entidades que conforman el sector público local de Euskadi podrán determinar que los estudios, proyectos y trabajos análogos encargados a terceras personas por ellas sean redactados, por lo menos, en euskera, salvo que su finalidad exija su finalidad exija su redacción en lengua castellana. Dicho requisito constará en el pliego de condiciones de los contratos administrativos que se aprueben”.
Nuevo varapalo a una política lingüística basada en la imposición
Amaia Martínez, parlamentaria vasca de VOX, celebra el contenido de una sentencia que supone “un nuevo varapalo judicial a una política lingüística que se sustenta en la imposición del euskera y la discriminación del castellano”, aunque aún no sea definitiva, ya que el Gobierno Vasco podría presentar un recurso de casación. “En cualquier caso, demuestra que vamos por la buena línea en la defensa de la lengua de todos y de las personas que la hablamos”.
“Queremos saber qué opina el lehendakari Urkullu acerca de lo dispuesto en esta sentencia, queremos que nos explique cuándo y cómo el Gobierno que preside procederá a realizar las anulaciones y modificaciones que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco exige”, cuestión que trasladará al lehendakari en el próximo pleno de control.
En contra de los argumentos esgrimidos en anteriores ocasiones por Íñigo Urkullu, algunos de sus consejeros y su propio partido, “esta no es una nueva agresión contra el euskera ni los jueces sentencian contra la lengua vasca. Lo que está en tela de juicio es la política de imposición lingüística, la de primar una lengua oficial en detrimento de otra”.
“Son ya muchas las sentencias contrarias a dicha política lingüística, va siendo hora ya de someterla a una profunda revisión, previo análisis de los precarios resultados obtenidos. El próximo capítulo será la tramitación del proyecto de Ley vasca de Educación y la eliminación de los modelos lingüísticos, una realidad en la calle que PNV y EH Bildu pretenden certificar por ley”, ha valorado Amaia Martínez.
