En Valladolid, a 2 de noviembre de 2023 – Como ha venido defendiendo este Grupo Parlamentario, es fundamental defender al sector ganadero de Castilla y León. Se trata de un sector de gran importancia económica para Castilla y León y que, sin embargo, viene sufriendo numerosos ataques a causa de la aplicación de determinadas políticas perjudiciales para su futuro más inmediato.
La indudable defensa de VOX del sector primario para garantizar su mantenimiento que es a su vez luchar por la pervivencia del mundo rural y proteger nuestra soberanía alimentaria, los derechos de los consumidores y el acceso a alimentos básicos, como son los huevos y la carne de cerdo, pollo o conejo, a todos los ciudadanos con independencia de su poder adquisitivo, llevan a este Grupo Parlamentario a presentar esta Proposición No de Ley en el día de hoy.
La Unión Europea pretende aplicar medidas mucho más restrictivas en cuanto a las condiciones exigidas a las explotaciones ganaderas, lo que implicaría la reducción del número máximo de cabezas que se permite albergar por metro cuadrado de explotación. Estas medidas afectarían principalmente a estos tres subsectores: el avícola, el cunícola y el porcino, que suponen un impacto cercano al 3 % del PIB de Castilla y León. Estas medidas supondrían un sobrecoste productivo del 15% para las explotaciones ganaderas.
Esta revisión de la Directiva 98/58/CE sobre bienestar animal, provocaría también el cierre de numerosas explotaciones porcinas, cunícolas y avícolas, tanto en Castilla y León como en el resto de España, lo cual acarrearía una reducción del Producto Interior Bruto y la destrucción de numerosos puestos de trabajo, la mayoría de ellos en el mundo rural.
Por otro lado, esto conllevaría un aumento de precios que tendría repercusión directa en los ya elevados precios de los productos más básicos de la cesta de la compra.
Modificar las normas europeas de bienestar animal, mientras se permite la importación de productos de origen animal procedentes de países terceros, sin obligarles a cumplir las mismas exigencias, colocaría a nuestros productores en una clara situación de desventaja competitiva.
Si tomamos los datos del año 2022, sólo el sector porcino genera unos 15.000 empleos en Castilla y León, y su impacto en el PIB regional es de en torno al 2 %, con un volumen total de aproximadamente 1.309 millones de euros.
Otro gran subsector es el avícola, cuya producción, tanto cárnica como de puesta, representa cerca del 1 % del total del Producto Interior Bruto de Castilla y León, alcanzando una cifra bruta estimada de unos 543 millones de euros.
El tercer subsector afectado, el cunícola, supone una aportación al PIB regional de en torno a unos 20 millones y medio de euros.
Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, a su vez, inste al Gobierno de España a que se posicione ante la Comisión Europea para:
1.- En relación con la revisión que se efectúe de la legislación sobre bienestar animal conforme la Directiva 98/58/CE del Consejo sobre la protección de los animales criados con fines agrícola y normativa concordante, mantener una postura que evite crear situaciones que coloquen al sector ganadero español, y en concreto al de Castilla y León, en una situación de pérdida de competitividad frente a productores de países terceros mediante la imposición de nuevos costes derivados de la transición ecológica y las políticas de bienestar animal.
2.- Igualmente, se posicione ante la Comisión Europea con objeto de solicitar la realización de un estudio previo sobre los efectos económicos y productivos que, en caso de una reestructuración fruto de la aplicación de las nuevas normas de bienestar animal y transición ecológica, sufriría el sector; incluyendo el cálculo de los sobrecostes para todos los agentes implicados hasta llegar al consumidor.