El pasado 22 de Diciembre fue un día triste para la Democracia española y el Estado de Derecho.
Desde que Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno, se han generalizado las estrategias y actuaciones, con pretensión y entidad de subvertir el orden constitucional, a través de la destrucción de la soberanía nacional.
Hemos asistido a un claro y notorio golpe al Estado de Derecho cometido por Sánchez y sus socios de gobierno, para satisfacer a sus socios independentistas y mantenerse en La Moncloa por encima de todo y de todos. El objetivo; sacar adelante una reforma del Código Penal por la que se elimina el delito de sedición y se rebaja hasta el mínimo el de malversación. Además, se aprovechaba para imponer un vuelco en el Tribunal Constitucional, forzándose un cambio en el sistema de elección para asegurarse una mayoría de izquierda en el órgano máximo garante de la Carta Magna.
Queda claro, que el Gobierno de Pedro Sánchez está desarmando el Estado de Derecho con la eliminación del delito de sedición. Ante esta situación, España, como bien jurídico, se queda más desprotegida ante posibles amenazas contra su integridad.
La eliminación de la sedición deja un vacío en el Código Penal, y un escenario de desprotección del orden constitucional frente a amenazas futuras. Lo más grave de todo es la motivación del Gobierno por la que se elimina este tipo penal, que es beneficiar a los condenados por el 1-O. De esta forma, el Gobierno deja al Poder Judicial a los pies de los caballos.
Por otro lado, nos hallamos ante unos hechos gravísimos, cuyo propósito es controlar el Tribunal Constitucional, el cual tiene la misión de garantizar la constitucionalidad de las leyes y, con ello, asegurar la unidad y la coherencia de todo el ordenamiento jurídico. El sometimiento del TC a los designios del Gobierno anticipa una situación perversa, a saber; que dicho órgano convalide todos los atropellos del orden constitucional, con serias amenazas contra la unidad nacional incluidas, que sin duda los miembros socialistas y comunistas del Ejecutivo, junto a sus socios separatistas, se proponen realizar.
¿Hasta dónde va a llegar la degradación de las más altas instituciones del Estado por parte de este Gobierno social-comunista y sus socios separatistas, independentistas y filoetarras?
Estamos ante el Presidente más indigno que ha tenido este país en 44 años de Democracia. Indigno porque carece de dignidad (cualidad de la que se hace valer una persona que se comporta con responsabilidad, seriedad y respeto). ¿Que seriedad y respeto merece una persona que miente más que habla? Ninguna.
