«Una evaluación de impacto ambiental no es un obstáculo, son garantías y documentos técnicos. Bajo ningún concepto un órgano político local debe tener capacidad de veto», ha subrayado Cobo, criticando además que la Junta de Comunidades se reserve la potestad de revocar dichos informes si declara el proyecto como «inversión estratégica». Según el parlamentario, este doble filtro genera una «inseguridad jurídica manifiesta» y un colapso burocrático que incluye la suspensión temporal de tramitaciones básicas.
Por último, el diputado regional ha hecho una defensa cerrada de la tercera edad, exigiendo a la Consejería de Bienestar Social la aplicación del principio de «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas públicas. Cobo ha lamentado el colapso y el elevado coste de las residencias actuales, y ha instado a dotar de recursos económicos a las familias para que puedan acoger y cuidar a sus mayores con la dignidad y el reconocimiento social que se merecen tras una vida de trabajo.
