En VOX vamos a seguir defendiendo que lo que hace esta ley, bajo una falsa apariencia de promover una igualdad que ya está garantizada por nuestra Constitución Española, Tratados Internacionales y demás normativa europea, es adoctrinar e imponer una ideología totalitaria de género.
Según Luis Blázquez, Presidente Provincial de VOX en Ciudad Real, esta normativa, al igual que el resto de leyes de este tipo que han sido aprobadas en otras CCAA, gobernadas tanto por el PP como por el PSOE, parten de un error conceptual al considerar que las personas LGTBI son diferentes en cuanto a derechos y obligaciones.
Esta Ley sitúa en un mismo plano a la persona/ su orientación sexual/ y las opiniones sobre sexualidad, ya sean del propio movimiento LGTBI o externas al mismo.
En VOX defendemos:
- Que a la persona hay que respetarla siempre.
- Las conductas sexuales son todas respetables, siempre y cuando no sean delictivas.
- Defendemos la LIBERTAD de OPINIÓN. Somos libres a tener opiniones diferentes sobre cada conducta sexual, sin que ello pueda ser considerado como discriminatorio hacia las personas que tienen una u otra conducta.
Esta normativa se convierte en una amenaza para los que libremente no comparten la visión de la sexualidad propia del movimiento LGTBI, bajo un enfoque de género, pretendiendo a modo inquisitivo la adhesión a sus “dogmas” bajo pena de castigo. Pretenden que se identifique el disentir a las teorías de género como discriminación, algo absolutamente contrario a nuestra CE. Con estas leyes se pretende perseguir la discrepancia.
En VOX apelamos a favor de la lucha contra la discriminación de cualquier clase y por cualquier motivo, pero no de la imposición de una ideología o visión concreta de la sexualidad a todo el mundo. “La Administración regional no puede asumir ninguna ideología como propia y, menos aún, imponerla, pues eso es propio de las dictaduras”, tal y como refirió hace unos días el Presidente de VOX en Toledo, Daniel Arias.
Por otro lado, esta ley generará una gran inseguridad jurídica, ya que establece infracciones tan poco definidas que todos podemos ser considerados infractores por el mero hecho de ejercer derechos fundamentales básicos como la libertad de pensamiento, ideológica, de educación, religiosa, etc. Ello amenaza la libertad y crea un riesgo de gran litigiosidad.
Se trata de una ley que ATACA LAS LIBERTADES: La ley supone una especial amenaza para la libertad de educación por afectar a los menores de edad y a los derechos de todas las familias. No existe en toda la ley ni una sola referencia al papel de los padres y sus derechos constitucionales ni a la autonomía de los centros escolares ni al respeto a su ideario.
En una situación de emergencia sanitaria, económica y social como en la que nos encontramos, es desgarrador que se utilice dinero público para financiar nuevos ‘chiringuitos ideológicos’, como el Consejo LGTBI de Castilla-La Mancha, la Comisión de diversidad, el servicio de atención integral LGTBI o unidades específicas en el SESCAM” cuando hay miles de familias en nuestra región que acuden diariamente a las colas del hambre, no pueden pagar la luz y encima se les ha prohibido trabajar como por ejemplo al sector de la hostelería.
