El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha acusado al Gobierno de Moreno Bonilla, durante la habitual rueda de prensa de los miércoles, que durante estos cinco años ha demostrado que “no tiene ninguna política de vivienda”, más allá del “acuerdo que firmó con VOX para el aval del 15% del importe de la hipoteca a los menores de 35 años que busquen comprar una vivienda”.
Gavira ha realizado estas afirmaciones tras denunciar que en Andalucía habrá alrededor de 6.000 viviendas de titularidad pública de la Junta okupadas”. En concreto, el portavoz parlamentario ha señalado cómo la administración andaluza “es propietaria de casi 74.000 viviendas, de las que 49.000 se encuentran alquiladas” y de esas 49.000 solo han podido contralar el pasado año la mitad, unas 24.000, tras lo que, “se han dado cuenta que un 13% de ellas -unas 3.100- se encuentran okupadas”.
Como ha denunciado Gavira, este 13% corresponde tan solo a la mitad del total de las viviendas de las que la Junta es propietaria, ya que no ha podido controlar más, y todo ello a pesar de que la administración andaluza “es el principal empleador de Andalucía con más de 300.000 trabajadores”, por lo que considera que “hay funcionaros de sobra para comprobar estas viviendas”.
A esta falta de control de casi la mitad de las viviendas propiedad de la Junta, se suma el hecho de que de ese 13% que se encuentran okupadas, “solo en el caso de un tercio de ellas se están realizando actuaciones judiciales para su recuperación” por parte del Ejecutivo del PP.
Todos estos datos cobran especial dramatismo para muchas familias andaluzas tras conocerse hace solo unos días que “el 48,9% de los hogares españoles que viven en alquiler se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social” y que “el alquiler ha subido en los últimos diez años en Andalucía un 49%, mientras que los sueldos solo un 8,6%”, como ha apuntado Gavira.
El portavoz parlamentario de VOX se ha preguntado “qué le decimos a esos jóvenes que quieren una vivienda, a esas familias que están en riesgo de exclusión social o a esos andaluces que quieren empezar un proyecto de vida y formar una familia, cuando la propia administración andaluza no controla, no vigila y no realiza las actuaciones pertinentes para la recuperación de esas viviendas okupadas”, cuando “lo normal es que un propietario controle a sus inquilinos”.