La respuesta del Gobierno a las preguntas que realizó la senadora de VOX Yolanda Merelo -sobre el problema de la okupación, que afecta especialmente a la región catalana, que abarca cerca del 50% de las okupaciones en España-, ha sido especialmente escueta.
El Ejecutivo ha esquivado las preguntas alegando que “la regulación actual ofrece diferentes alternativas desde múltiples puntos de vista para asegurar la protección de la propiedad privada.” Sin embargo, no ha especificado cuáles son esos puntos de vista. Además, tampoco responde a ninguno de los problemas reales sobre los que VOX pide explicaciones.
Modificación legislativa
En su respuesta, el Gobierno asegura que “toda norma puede ser adaptada a los cambios sociales que tienen lugar”. Tampoco ha respondido a la pregunta que realizó Merelo sobre qué piensa de la actitud permisiva de Ada Colau con respecto a la okupación de las viviendas.
La senadora se refería en sus preguntas a la modificación del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, por la que sólo se podrá expulsar de la vivienda usurpara “cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas”.
Merelo preguntaba al Ejecutivo por qué había realizado esta modificación y si consideraba que entrar ilegalmente en una vivienda dando una patada a una puerta no es violencia. Estas cuestiones han sido directamente obviadas por el Gobierno.
