El senador de VOX por Andalucía, Jacobo González-Robatto, ha desmontado hoy en el Pleno del Senado, el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Si bien, ha vuelto a denunciar, «el rodillo totalitario aplicado por este Gobierno y sus correligionarios en la tramitación de este proyecto de ley tanto en el Congreso como en el Senado, desvirtuando la figura de ambas Cámaras».
El senador ha denunciado el «hachazo fiscal a la vivienda» que «ha pasado desapercibido». Así, ha dicho que este proyecto de ley «encierra un incremento impositivo de las operaciones inmobiliarias en el Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre el Patrimonio».
Así, se ha referido a la desaparición de la reducción del 60% a la que tienen derecho los propietarios que alquilan un inmueble, por el hecho de no declararlo en la autoliquidación o por el cálculo erróneo tanto en los ingresos como en los gastos.
González-Robatto ha reprobado el cambio que se produce en la valoración de inmuebles, de cara al ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales); al ISD (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) y al IP (Impuesto sobre Patrimonio), de tal forma que la base imponible de estos impuestos no será el valor real de los inmuebles. Y es que el Catastro (el Gobierno) determinará el valor por el que debes tributar, «y si no estás de acuerdo deberás pleitear, con lo que de forma silenciosa y sin aparente ruido se producirá un incremento de los valores, lo que supondrá mayor recaudación y, por tanto, un atraco al bolsillo de todos los españoles».
Subida de impuestos silenciosa
Durante su intervención, ha denunciado que el proyecto de ley rescate la “patada en la puerta” de forma que los inspectores podrán entrar en los domicilios sin previo aviso al contribuyente, siempre que tengan una autorización judicial y se encuentre debidamente justificado. «Se podrán imaginar sus señorías qué informe no presentará el inspector para que un juez le diga que no».
En resumen, una subida de impuestos silenciosa, que sumado a la tasa sobre los servicios digitales; a la tasa sobre las transacciones financieras; a los impuestos a los plásticos; a los residuos, al diésel; a los gases fluorados; a las bebidas azucaradas, a las matriculaciones, a la circulación, etc., se ha convertido en «la nueva espada de Damocles fiscal y ruina para los españoles», ha denunciado.
El senador se ha referido también al Instituto Catalán de Finanzas, el equivalente al ICO a nivel catalán, que dispondrá del mismo régimen fiscal del que disfruta el ICO cuya peculiaridad, ha advertido, «es que exime de tributación los rendimiento obtenidos por los inversores no residentes en España que deciden adquirir títulos emitidos por el ICO, del mismo modo que sucede con las emisiones de deuda pública realizadas por el tesoro».
El senador ha recordado desde la tribuna del Senado que la Generalidad y sus Organismos tienen bloqueado su acceso a los mercados de capitales desde hace años «por la prudencia que la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a imponer».
«El Gobierno hasta la fecha había mantenido que ninguna CCAA salga a los mercados mientras la “respiración asistida” del Fondo de Liquidez Autonómica y mientras no pueda garantizar que el mercado no les vaya a exigir un tipo de interés superior a 50 puntos básicos al que se exige por los títulos del Estado, en niveles de rentabilidad históricamente bajos.
De hecho en los últimos años el ICF ha recurrido a la emisión de pagarés autorizados por el Gobierno de España y con garantía de la Generalidad. «Y tiene una ventaja de los catalanes con respecto al resto de España porque ellos podrían acceder al IFC y al ICO, mientras que los españoles, sólo al ICO», ha denunciado.
Para el senador, se trata de «otro peaje más que tiene que pagar este Gobierno para contentar a sus socios y mantenerse en el poder a cualquier precio». «Lo hemos visto ayer con el indulto a los golpistas, consumándose un golpe de estado desde las mismas instituciones del Estado, y lo hacen en contra del criterio de los fiscales del Tribunal Supremo, en contra del propio Tribunal Supremo», ha concluido.