La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, designó el día 15 de junio como “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”. El maltrato a las personas mayores es un problema social de carácter mundial que repercute sobre la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo, siendo un conflicto que requiere de la atención adecuada por parte de la comunidad internacional y que, sin embargo, es el tipo de violencia sobre la que menos estudios se han realizado.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobada el 10 de diciembre de 1948, que recoge el conjunto de derechos fundamentales sobre las personas de la tercera edad, así como los planes de 1982 y 2002 que sobre la misma materia impulsó la Asamblea General de las Naciones Unidas, no han erradicado este problema, ya que el último estudio realizado en 2017 detectó que las personas de más de 60 años habían recibido por parte de familiares, amigos o las propias autoridades, maltrato físico o psicológico, abuso económico y sexual o desatención, incidiendo en que la tasa de violencia es más frecuente en ancianos que residen en algún tipo de institución.
Desde que la OMS, el 11 de marzo pasado, decretó como pandemia el Coronavirus, hemos visto cómo nuestros mayores han padecido con más virulencia este virus, llegando a computar más de 8.400 fallecidos entre las 5.417 residencias que tenemos en nuestro país, es decir, aproximadamente un 50% del total de la cifra de defunciones por Covid-19, siendo estos datos inexactos y contradictorios, por la falta de transparencia del Ministerio de Sanidad.
Es evidente la falta u omisión de medios asignados, herramientas de protección individual, material sanitario o test al personal y residentes (en las residencias de ancianos), mayores confinados en sus domicilios e incluso, mayores hospitalizados, etc., por parte de las autoridades sanitarias, denegándoles así auxilio y vulnerando lo que se expresa en el art. 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobada el 10 de diciembre de 1948, el cual determina la responsabilidad del Estado en su dejación de funciones en esta materia, y lo expresado en nuestra propia Constitución española Cap. 2º, Sección Primera, Art.15., que estipula: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
“La sociedad tiene el deber de prestar especial atención a este sector de la población, que se torna con los años tan vulnerable, y que en el caso de España suma 9.055.580 personas mayores de 65 años: un 19,3% del total de la población, siendo el 6,1% población octogenaria. Es una obligación moral condenar cualquier tipo de conducta o daño sobre los mayores, aquellos que son testigos de nuestra historia, de nuestras familias y de nuestra sociedad, y hay que enfatizar la indignación de todos ante las escenas dantescas al descubrir, una vez iniciadas las actuaciones de desinfección en algunas residencias por parte de la UME, la localización de cadáveres en proceso de putrefacción sin aislamiento por el colapso de las funerarias”, ha afirmado la diputada provincial de VOX, Cristina Jiménez.
Por ello, el grupo provincial de VOX registró el pasado 10 de junio una moción para elevar al próximo pleno de la Diputación de Granada la conmemoración de este día “en repulsa de cualquier forma de maltrato hacia los mayores, pero también en solidaridad con los familiares de los fallecidos que no han podido despedirse de sus seres queridos por la falta de respuesta inmediata y la nefasta gestión llevada a cabo por el Gobierno de la nación, motivos por los cuales instamos a la celebración de un acto en recuerdo de los fallecidos, mediante la colocación de una placa conmemorativa en su honor y recuerdo”.
