El grupo municipal de VOX solicita la comparecencia de la vicealcaldesa, Sara Fernández, en la próxima comisión de Cultura del 23 de julio. Para que “dé cuenta de las actuaciones llevadas a cabo para la solución de la concesión caducada del camping de Zaragoza”. Así como las previsiones para “compensar los perjuicios ocasionados a la UTE adjudicataria de la citada concesión por la inacción administrativa del área de Cultura y de la sociedad Zaragoza Turismo”.
El portavoz de VOX, Julio Calvo, recuerda que el contrato de la concesión del camping finalizó el 28 de febrero de 2020. “Por parte de la concesionaria, se ha comunicado en varias ocasiones al Ayuntamiento el deseo de dar por finalizada la relación contractual. Sin que, al parecer, haya tenido respuesta por parte del área de Cultura ni de Zaragoza Turismo. Esto resulta, en principio, censurable”, valora.
El artículo 288 a de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público obliga a los concesionarios a seguir prestando el servicios hasta que se formalice el nuevo contrato. Pero Calvo considera que “no puede hacerse un uso abusivo de esta prerrogativa”. “Tampoco dilatar una situación que, con una pandemia que afecta especialmente al sector turístico, está perjudicando a una empresa. Hasta el punto de abocarla al concurso de acreedores y a sus empleados al paro”, expone.
Calvo informa que por parte del concesionario, se ha presentado una factura de los gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones no cubiertas por los ingresos del camping. Una factura que “debería haberse atendido en base a las condiciones en que se está manteniendo la concesión. Con el contrato largamente caducado, contra su voluntad y en condiciones de pandemia”.
Derecho del reequilibrio económico
Por tanto, apunta al “derecho del concesionario al reequilibrio económico que le compense por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados”. Según se contempla en el artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020 del 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. “Y en todo caso, también se podría solicitar el reequilibrio financiero acudiendo a la legislación general de contratos al estar manteniendo una concesión ya caducada. Contra su voluntad y en una situación epidemiológica adversa. Está liberando al Ayuntamiento de la responsabilidad y costes de gestión y mantenimiento de esas instalaciones. Debe entenderse que es un particular quien está manteniendo a su costa una instalación municipal como consecuencia de la inacción abusiva y negligente de la administración. En este caso desarrollada por la vicealcaldesa Sara Fernández”, complementa.
El portavoz de VOX también critica que “al parecer” se quieren “imputar al concesionario 400.000 euros de desperfectos detectados en una inspección”. Unas deficiencias “derivadas del paso del tiempo que el mismo concesionario, de buena fe, fue indicando a los técnicos del Ayuntamiento”. “Es como si el propietario de una vivienda pretendiera que su inquilino hiciera frente a los daños estructurales del edificio del que es dueño”, compara. Calvo añade que “los vicios ocultos podrían comprobarse fácilmente por los técnicos municipales contrastando los planos de la instalación con los equipamientos efectivamente construidos”.
Por último, Calvo define como “sarcasmo” que el Ayuntamiento “gire al cobro el canon concesional por importe de 32.827 € -que el concesionario ni siquiera ha incluido entre los gastos imputables- por un contrato vencido y que el concesionario no quiere mantener”.
Prioridades urbanísticas
El portavoz de VOX también ha valorado cuestiones del área de Urbanismo. Celebra “la renuncia” del Gobierno municipal a actuar en el entorno de la Iglesia de San Ildefonso “porque hay que atender las zonas más degradadas de Zamoray-Pignatelli”. A su vez, “VOX no comparte la apreciación de los técnicos municipales que señalan que para recuperar el barrio hay que actuar de afuera hacia adentro”. Calvo afirma que se trata de una afirmación “sin soporte técnico”.
Calvo propone “mayor presencia policial, más cámaras y más implicación de los poderes públicos” para hacer frente al problema de la okupación ilegal en Pignatelli. Por su parte, ante el deterioro urbano, aboga por “actuaciones de mejora de la escena urbana, expropiación de los inmuebles por parte del Ayuntamiento de aquellos propietarios que desean desprenderse de ellos por precios casi testimoniales, y cambiar la tipología de los inmuebles tratando de diversificar el estatus social del vecindario”.
El portavoz municipal también critica que “no se vayan a poder acometer este año algunas de las actuaciones previstas”. Es el caso de la regeneración de barrios, la Escuela Infantil de Parque Venecia, rehabilitación de la fábrica de Giesa, el Plan Local de Comercio y Hostelería o la renovación de la red de agua. “Y sin embargo, se han gastado cantidades importantes de dinero que tenían poca o ninguna demanda social, como la reforma de Santa Engracia o la cúpula del parque de La Granja. No resuelven ninguna necesidad social”, concluye.
