Izquierda y separatistas rechazan la propuesta de VOX para que la policía pueda desalojar de manera inmediata a los okupas. El partido, que ha presentado esta propuesta dentro de una moción del partido para combatir de manera efectiva la okupación en Cataluña, pretende que el testimonio de los vecinos sirva como prueba del momento real de la intrusión para favorecer un desalojo inmediato.
El diputado Sergio Macián ha acusado al gobierno de la Generalitat de “poner la alfombra roja a los okupas en Cataluña, la región de España líder en esta problemática”. La cuestión es especialmente grave, denuncia el diputado, “para los catalanes de los barrios más desfavorecidos a los que el separatismo y la izquierda condena a convivir con esta realidad cada día”. Por ello, ha solicitado el diputado, “dejen de estar al lado de los delincuentes y decídanse por hacer frente al okupa para que sea desalojado de forma inmediata”.
VOX propone también en su moción elaborar un plan específico para defender a los vecinos que se ven abocados a convivir con okupas y que denuncian amenazas, acoso, tráfico de drogas, daños a bienes de la comunidad o actividades ruidosas. Del mismo modo, pide la creación de un servicio de asistencia y asesoramiento telefónico para atender a todos los afectados por la okupación, así como que se compense a los propietarios y arrendadores que la han sufrido.
Sergio Macián ha exigido también que se aumenten las penas por delito de allanamiento y usurpación y que se reforme la ley de enjuiciamiento criminal para que estos puedan ser procesados mediante juicio rápido. También ha pedido que se tomen medidas, “de forma urgente e inmediata, para luchar de manera efectiva contra las mafias de la okupación, que buscan y ofrecen pisos para ser okupados».
El partido también ha pedido un plan específico para blindar la okupación ilegal en el parque público de vivienda social, a fin de proteger a las personas y familias vulnerables que han cumplido con todos los requisitos legales. En este sentido, también se ha pedido que se eliminen las ayudas públicas de vivienda a quienes hayan sido condenados por allanamiento o usurpación de inmuebles.
