El diputado de VOX Asturias, Javier Jové, preguntó esta mañana en el Pleno de la Junta General cuál es el motivo por el que está consultando solo a organizaciones afines para elaborar la ley LGTBI, basándose en que “una ley no puede elaborarse recabando solo la opinión de quienes van a favorecerse de ella, sino que debe escucharse también a quienes están en contra, especialmente una ley como ésta, restrictiva de derechos y que concede privilegios a unos pocos”.
Jové calificó la ley de “disparate jurídico” la ley y denunció que “han constituido un grupo de trabajo para la redacción del anteproyecto de ley LGTBI del que forman parte tan sólo organizaciones a favor de la ley: Xega, Faciendocamín, Llar Trans, Red Educativa LGTBI, Xuntes y Diverses, Colibrís en Acción, además de los sindicatos ‘come gambas’ de CCOO y UGT, que hace mucho abandonaron la lucha de clases y su preocupación por los trabajadores para enfrascarse en otras luchas mucho más rentables”, y vinculó la presencia de estas asociaciones o colectivos a las subvenciones recibidas ya que ”sin contar UGT y CCOO, que han recibido en los últimos años 212.218€, otras asociaciones como Xega han recibido 34.450€ sólo en 2023 en subvenciones, el 85% de su presupuesto; y en los últimos años ha recibido 174.680€ en subvenciones, 50.000 ya en 2024”.
El diputado de VOX reflejó que “salvo Xega, el resto de las asociaciones no cumplen con la Ley de transparencia” y aludió también a que la Dirección General de LGTBI “ha pasado de un presupuesto de 90.000 euros a casi 3 millones (multiplicado por 33), de los que más de 2 millones se van en sueldos, el 70%. Y 350.000 a repartir entre los chiringuitos amigos”.
“Esta ‘dirección Frankenstein’ tiene 2 altos cargos y a su directora general se le asimila a viceconsejera para cobrar 9.000 euros más (73.000 en vez de 64.800). Gestionando 3 millones tiene un sueldo superior al del Director General de Vivienda, que gestiona 98 millones de euros, el 85% del presupuesto de la Consejería”, añadió Javier Jové, quien aseguró que “estamos ante un caso claro de puertas giratorias y asalto a los fondos públicos por parte de las asociaciones LGTBI y por eso no les interesa pedir la opinión a entidades críticas con esta disparatada ley”.
