Una red ilegal de 23 inmigrantes ha recibido ayudas fraudulentas del Gobierno Vasco por valor de más de un millón de euros. Liderada por un inmigrante senegalés, ha utilizado durante una década identificaciones, certificados y empadronamientos falsos, sin haber sido detectada por Lanbide, servicio responsable de la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos vasca.
Es este el motivo por el que Amaia Martínez ha considerado fundamental reconocer el trabajo realizado por la Jefatura Superior de Policía en el País Vasco y por los jueces de instrucción, gracias a cuya labor ha sido detectado el mayor fraude en el cobro de la RGI en Vizcaya en la última década.
La parlamentaria vasca de VOX ha anunciado en rueda de prensa la solicitud de comparecencia urgente de la consejera socialista, Idoia Mendia, máxima responsable del servicio vasco de empleo, además de enmiendas al proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión, “con el fin de que se dote de más recursos materiales y humanos a las labores de control y vigilancia de ayudas que es preciso garantizar que serán recibidas sólo por quienes las merecen”.
En este sentido, ha puesto el acento en el dudoso compromiso del gabinete Urkullu para avanzar en este sentido, dado que plantea la incorporación de la figura de la declaración responsable para agilizar la concesión de ayudas y que estas lleguen a sus destinatarios lo antes posible, “algo que promete convertirse en un auténtico coladero para quienes tienen la intención de violar la ley”.
En esta ocasión lo han hecho, presuntamente, ciudadanos extranjeros liderados por un inmigrante de origen senegalés, algo que para Amaia Martínez no significa que sea la población extranjera la que más defrauda, “aunque es un dato objetivo que los fraudes cometidos por inmigrantes son los de mayor cuantía de todos los detectados”.
A juicio de la parlamentaria vasca de VOX, es un hecho constatable que resulta extremadamente fácil para inmigrantes sin papeles acceder a ayudas como la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda, también el Ingreso Mínimo Vital, “una suerte de efecto llamada para personas que cuando llegan al País Vasco saben qué hacer perfectamente para obtener prestaciones sin necesidad de acreditar que cumplen los requisitos establecidos por ley”.
