Celebramos el 42 aniversario de la Constitución con un Gobierno en rebeldía dispuesto a destruirla. Estos son los cargos: rendir las instituciones públicas a los enemigos de España, desertar en la custodia de los derechos fundamentales y usar los principios rectores de la economía para implantar la religión del social-comunismo chavista.
¿Para qué establece la Constitución el organigrama del Estado? Para garantizar la separación de poderes, limitar su ambición, someterlos al derecho y mantener la neutralidad ideológica de las administraciones. Lo que hoy tenemos es lo contrario: suplantación de la legalidad en beneficio de la arbitrariedad alegando el virus chino y una plaga interminable de asesores-amigos que usurpan el trabajo de los funcionarios en todos los departamentos.
También está arrasada la tabla de los derechos fundamentales. La vida negada con aborto y eutanasia. La familia quebrantada por exigencias LGTB, cero natalidad y fomento de invasiones migratorias para que caduque nuestra identidad tradicional. La propiedad privada confiscada por okupas y la fiscalidad más extractiva de Europa. Y nuestras libertades mordidas con mil regulaciones inútiles que todo lo politizan.
Empresas quebradas, pensiones miserables, derechos expropiados. Y a cambio de este expolio el Gobierno ofrece una cesta llena de trastos inútiles: elegir la identidad sexual, una verdad histórica oficial, desprecio al idioma común, sentir vergüenza por el pasado, destrozar el sistema educativo, votar la secesión y dar paguitas por no trabajar.
Además de la estructura del Estado y la tabla de derechos, la Constitución contiene una tercera parte: Los principios rectores de la política económica y social. Estos principios orientan el trabajo de legislar y gobernar. ¿Cómo? Con espíritu social y patriótico, honradez y austeridad, manejando potestades de intervención limitadas, sin estrangular la creatividad privada ni colectivizar los recursos al modo totalitario. El social-comunismo mata o arruina todo lo que toca.
También contra la Constitución, el Gobierno rojo ha decretado la emergencia permanente para usar poderes excepcionales como martillo-pilón contra el Estado de Derecho. El marxismo cultural ha logrado confeccionar el dispositivo perfecto para su operación hegemónica. El verdadero objetivo es imponer un nuevo “consenso constitucional” por la puerta de atrás, que dé gusto a separatistas, comunistas, terroristas y traidores.
El espíritu español, desplegado con honor en la historia, tropieza ahora con una Constitución que tiene la mecha encendida. El Gobierno pretende dinamitar el régimen en esta misma legislatura. ¿Para qué este acto criminal? Para convertir las autonomías en un tinglado de repúblicas, progresistas e independientes, extraviadas en una confederación plurinacional. Únicamente VOX permanece fiel a la Constitución, a los derechos-libertades del pueblo y obstinado en defender la unidad de nuestra patria.
