El grupo municipal de VOX propone llevar a cabo un calendario de actuaciones para lograr la “simplificación normativa” y la derogación de “disposiciones obsoletas”. Así lo defenderá a través de una moción en el pleno de este miércoles. El propósito es conseguir una “mejor atención a la ciudadanía, mayor seguridad jurídica y agilidad administrativa”. El portavoz Julio Calvo critica que la “maraña legislativa” es una “fuente de inseguridad jurídica”. Y supone “elevados costes de gestión que soportan la Administración y el ciudadano”.
Maraña legislativa
El portavoz de VOX considera que otra consecuencia de la “maraña legislativa” es la “limitación de la competitividad de nuestras empresas, sobre todo autónomos y pymes, por el exceso de cargas burocráticas”. Una circunstancia que “la CEOE ha detallado en su informe Legislar simplificando y creando valor”. “La propia Comisión Europea señaló a España como la segunda economía europea con más restricciones operativas a la actividad del sector del comercio”, incide.
Por tanto, es necesario un “esfuerzo” para lograr la “simplificación normativa; y en su lugar elaborar textos refundidos que supriman normativa redundante, desactualizada y duplicada”, apunta. “Pensado en la ciudadanía, un objetivo irrenunciable debería ser potenciar las tramitaciones electrónicas. E impulsar la utilización de plataformas tecnológicas y el intercambio de información entre los distintos niveles de la administración. Todo ello sin menoscabar la atención presencial”, añade.
El ejemplo de Madrid
Calvo sitúa como ejemplo al Ayuntamiento de Madrid, que ha editado “un documento compilado de legislación municipal con un lenguaje claro y sencillo. De fácil lectura y comprensión”. Del mismo modo, el Ayuntamiento de Madrid ha ejecutado “un plan ambicioso de digitalización de las plataformas. Para que los ciudadanos puedan realizar con mayor comodidad diversos trámites. Así como la implantación de sistemas de robotización y actuación automatizada de procedimientos en expedientes voluminosos y repetitivos”. Un plan que le ha permitido “suprimir el 14% de su normativa, un ahorro de 65 millones de euros y reducir en 39 días la tramitación y resolución de expedientes administrativos”.
“Todo ello, además, llevado a cabo de forma paralela con el estudio para la eliminación de todas sus duplicidades y exceso de organismos en que incurre. Dentro de su propia estructura y con otras administraciones con las que comparte y solapa competencias”, concluye.
