El movimiento para dar “personalidad jurídica” al Mar Menor es una iniciativa de corte ecologista, que ha nacido para capitalizar la desesperación de la sociedad civil murciana ante la incompetencia de los poderes públicos para solucionar los problemas del ecosistema singular de esta “laguna costera”.
Pero esta iniciativa es, en realidad, una trampa o técnica de inspiración socio-comunista para implantar la hegemonía del ecologismo en la política sobre el Mar Menor. Sin embargo, la personalidad jurídica no da derechos nuevos al Mar Menor sino que únicamente permite la creación de un nuevo ente o burocracia para que administre los derechos existentes.
No podemos ver la creación de más entes o estructuras burocráticas como un avance, sino como una regresión, porque ya existe la Dirección General del Mar Menor, que es ineficaz, al ser incapaz de ejecutar las obras y proyectos que corresponden a la Comunidad Autónoma. Y lo mismo sucederá a cualquier otro ente, con personalidad jurídica o sin ella, ya que no se cambia la realidad con hacer normas nuevas sino con la ejecución de las obras que se necesitan para sanear el ecosistema deteriorado.
La trampa que tiende el progresismo a la sociedad murciana con la tesis de la personalidad jurídica es crear una “demanda social insatisfecha” de forma permanente. Esa sensación de insatisfacción o carencia social, cuando se implanta en la conciencia de la gente con técnicas de lucha cultural, entre otras la recogida de firmas, posibilita alimentar el antagonismo entre los que quieren cuidar del Mar Menor y los que pretenden destruirlo. El paso siguiente es obvio: capitalizar el sentimiento de la sociedad murciana, previamente manipulada, para que se sienta agraviada y ofendida en su conjunto con la injustica del Mar Menor, y legitimar la exigencia de un cambio en la estructura del poder.
Esta estrategia de guerra cultural, de inspiración marxista, ha dado buenos resultados en algunos países subdesarrollados, donde graves problemas de toxicidad y contaminación se han intentado resolver con la idea de dar personalidad a un monte, un río o un ecosistema en peligro de extinción, logrando movilizar al pueblo contra situaciones de explotación de los recursos naturales por parte de multinacionales extranjeras.
Sin embargo, el Mar Menor, no necesita más protección jurídica frente a poderes multinacionales depredadores. Nuestro problema está creado por los propios políticos locales que, durante décadas de negligencia culpable, han demostrado que no son capaces de aplicar las normas de protección que ya hay en vigor, y que son suficientes para proteger el ecosistema, faltando únicamente su ejecución, es decir, la adjudicación y contratación de las obras que permitan actuar en golas, ramblas, saneamiento urbano y acuífero contaminado. Sólo haciendo esas obras y actuaciones urgentes propuestas por VOX podremos seguir disfrutando del Mar Menor y su cuenca vertiente.
Las medidas propuestas por VOX son la verdadera solución, porque facilitan la supervivencia del Mar Menor sin dañar a los otros sectores que también forman parte del ecosistema: pescadores, turistas, agricultores y residentes. La inacción culpable y continuada de las administraciones públicas, junto con el predominio de la mentalidad ecologista en la política del Mar Menor, es la gran causante del entorpecimiento de las actuaciones y de la rivalidad interna del Comité Científico, que ha llevado a los episodios de mortandad de peces, a los vertidos contaminantes desde el freático, al colapso de las redes de saneamiento, y a la paralización de actuaciones para reciclar el agua del acuífero con la colaboración de los agricultores.
La ILP sobre personalidad jurídica del Mar Menor es una trampa política de la izquierda para capturar los legítimos sentimientos de agravio de la sociedad murciana. Pero es, además, una extravagancia desde el punto de vista jurídico, que sólo sirve para aumentar la frustración y no solucionar los problemas de contaminación denunciados, sino para agravarlos, porque, al culpar exclusivamente a los agricultores del problema, se pone en riesgo la supervivencia del Trasvase Tajo-Segura en el Campo de Cartagena.
