Las Cortes de Castilla y León, aprueban tres propuestas de VOX destinadas a impulsar la natalidad y mejorar el servicio sanitario.

En total han sido 6 propuestas presentadas, siendo rechazadas las referentes a la reducción del gasto político, la salud infantil y la supresión del Impuesto de Transmisiones patrimoniales.
 

Valladolid, 2 de julio de 2020.- El procurador de Vox Jesús García Conde, en el cierre del primer debate de la legislatura celebrado en las Cortes de Castilla y León,  tal y como establece el Reglamento, ha presentado una serie de propuestas para su aprobación en pleno, encaminadas a la mejora de diferentes ámbitos.

Las propuestas aceptadas por el Ejecutivo autonómico, han versado sobre la mejora en el servicio sanitario; solicitando una mayor gestión de los recursos humanos, cuyo objetivo sea el de poder cubrir bajas en fechas puntuales, para que no vuelva a desencadenarse una saturación del sistema, como ha ocurrido durante la pandemia por Covid-19. La creación de una guía de actuación en los centros sanitarios así como unos protocolos concretos, para los casos de atención de pacientes en edad infantil y cuyos progenitores estén divorciados, separados o exista una custodia compartida. Por último para la creación de medidas concretas de apoyo a la natalidad, destinadas a matrimonios jóvenes y familias.

Con respecto a las propuestas que han sido rechazadas por el Ejecutivo, han sido las referentes a dotar de personal enfermero a los centros educativos, públicos y concentrados, en aras de controlar la salud escolar y poder velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad, todo ello a efectos de poder minimizar  la propagación del Covid-19 mientras persista la pandemia.

En lo referente a propuestas del ámbito económico, igualmente rechazadas, se ha solicitado el reemplazo del actual impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y la supresión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, así como una reducción drástica del gasto político que conllevara la eliminación del abono de subvenciones destinadas a aquellas organizaciones, sindicatos y asociaciones cuya naturaleza mercantil no esté vinculada a la garantía de empleo, sanidad, seguridad ciudadana, alimentación, vivienda para los más necesitados y conservación del patrimonio.