El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas ha presentado un conjunto de 24 enmiendas a la Ley del Suelo con el objetivo de eliminar trabas burocráticas, reforzar la seguridad jurídica y facilitar el desarrollo de proyectos urbanísticos, empresariales y residenciales.
El urbanismo debe estar al servicio de los ciudadanos, la actividad económica y la creación de vivienda, y no convertirse en un laberinto administrativo que retrase inversiones, encarezca proyectos o impida a los propietarios ejercer sus derechos.
Es necesario avanzar hacia un modelo urbanístico más ágil, previsible y eficaz, que permita construir más viviendas, rehabilitar edificios, desarrollar suelo y atraer inversiones, manteniendo las garantías legales y ambientales correspondientes.
Las enmiendas buscan acabar con la duplicidad de controles administrativos y dar mayor eficacia a las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUV). Para ello, se propone que sus informes de conformidad sustituyan efectivamente a los informes técnicos municipales, reservando las comprobaciones adicionales de los ayuntamientos para supuestos excepcionales. Se pretende delimitar el contenido de los informes jurídicos municipales para evitar que incorporen exigencias que excedan de su objeto y generen nuevos retrasos en la concesión de licencias. También se aclara que las ECUV podrán intervenir tanto en procedimientos iniciados por los consistorios como en los promovidos por particulares. Con ello se pretende evitar controles repetidos, reducir los tiempos de tramitación y hacer que estos mecanismos de colaboración sirvan realmente para agilizar las licencias.
Otra de las prioridades es proteger los derechos de los propietarios y las actividades legalmente implantadas. VOX plantea que un cambio posterior en la clasificación del suelo no suponga automáticamente la pérdida de los títulos habilitantes ni el cese de actividades que se desarrollaban legalmente. Se busca evitar que los cambios en la ordenación territorial perjudiquen de forma automática a quienes actuaron conforme a la normativa vigente, respetando siempre las restricciones urbanísticas y sectoriales aplicables.
En materia de vivienda, las enmiendas pretenden facilitar la construcción de nuevas promociones, incluidas expresamente las viviendas de protección pública, mediante la aplicación de la licencia básica o de aspectos esenciales a las actuaciones de edificación destinadas total o parcialmente a uso residencial. Asimismo, se propone concretar en treinta días hábiles el plazo de comprobación municipal del proyecto de ejecución y de la declaración responsable, de manera que, transcurrido ese periodo sin discrepancias que impidan el inicio de las obras, los promotores puedan comenzar los trabajos. Esta medida busca aportar certidumbre y evitar esperas administrativas injustificadas.
Las propuestas también tienen como finalidad atraer inversiones y favorecer el desarrollo económico de la Comunidad Valenciana. Para ello, VOX plantea ampliar el objeto de los proyectos de interés autonómico, dotando a la Administración de más herramientas para impulsar iniciativas empresariales, industriales y estratégicas.
En defensa de la propiedad privada y de un reparto equitativo de las cargas urbanísticas, el grupo parlamentario propone sustituir la subasta de los propietarios que no quieran participar en una actuación urbanística por un procedimiento de indemnización conforme a los criterios de valoración de la legislación estatal. De esta forma, se respeta la voluntad de quienes deciden no incorporarse al desarrollo y se distribuyen proporcionalmente los costes y aprovechamientos entre quienes continúan en la actuación.
También se reconoce expresamente el derecho de reintegro de los propietarios y promotores que adelanten el coste de infraestructuras y redes públicas comunes que posteriormente beneficien a otros sectores urbanísticos. Así, quienes desarrollen primero un ámbito no tendrán que asumir definitivamente el coste de unas infraestructuras que también utilizarán futuros desarrollos. A ello se suma el refuerzo de las garantías económicas en el sistema de gestión por los propietarios, con el propósito de evitar problemas de financiación que puedan paralizar las actuaciones o perjudicar al conjunto de participantes.
Por último, VOX propone impulsar la rehabilitación de edificios y aportar mayor seguridad jurídica a las declaraciones responsables urbanísticas. Las enmiendas introducen este instrumento para las actuaciones de rehabilitación integral y estructural de edificios no protegidos, aclaran qué debe entenderse por obra de nueva planta y precisan los efectos jurídicos del plazo de seis meses previsto para el control posterior ordinario de las declaraciones responsables. El objetivo es ofrecer mayor estabilidad a quienes cumplen correctamente con los requisitos legales y documentales.
Un urbanismo al servicio de los ciudadanos
El conjunto de las 24 enmiendas responde a una misma orientación: transformar el urbanismo en una herramienta que facilite la construcción, la inversión y la actividad económica, en lugar de añadir obstáculos administrativos.
VOX defiende un modelo basado en cinco grandes pilares: menos burocracia y menos duplicidades; mayor seguridad jurídica para propietarios, ciudadanos y promotores; defensa de la propiedad privada y reparto justo de las cargas urbanísticas; impulso a la construcción de vivienda y a la rehabilitación; y más facilidades para atraer inversiones y desarrollar proyectos estratégicos.
Con estas propuestas, el GP VOX busca que la legislación urbanística ofrezca soluciones reales a los problemas de ciudadanos, propietarios, empresas y promotores. Frente a un urbanismo basado en trabas, retrasos e incertidumbre, VOX apuesta por facilitar la construcción, proteger los derechos de los propietarios y generar las condiciones necesarias para que la Comunidad Valenciana pueda crecer, atraer inversiones y crear nuevas oportunidades económicas.