11 octubre, 2023
Las izquierdas, con PSOE, IU, Podemos, junto con Foro, han rechazado en el Pleno de la Junta General la Proposición No de Ley de VOX para derogar la Ley de Memoria Democrática en Asturias, defendida por el diputado Javier Jové.
Intervención del diputado de VOX, Javier Jové, en defensa de la Proposición No de Ley sobre la Derogación de la Ley de Memoria Democrática en Asturias:
Como ya dije en esta Cámara, esta es una ley infame, aberrante. Que ofende a la decencia.
No es misión de ningún gobierno recuperar ninguna memoria, por muy democrática que la quieran llamar. La memoria es una remembranza de recuerdos, de sensaciones, de experiencias subjetivas e individuales. No existe una memoria colectiva, salvo en la mente de los totalitarios como ustedes.
La memoria es, por definición, personal y vital, por lo que difícilmente se puede tener memoria de algo que no se ha vivido. Memoria sólo pueden tener aquellos que fueron testigos de unos hechos de los que hoy, casi 100 años después, ya no queda nadie vivo.
De lo que procedería hablar es de Historia, con mayúsculas. De la búsqueda de la verdad, aunque duela y no coincida con nuestros prejuicios ideológicos. La Historia debe quedar al margen de la política, quedar para los historiadores, lejos de la contienda partidista.
Con esta ley ustedes quieren agitar viejos odios y miedos ya superados; enfrentar a la sociedad y deslegitimar al adversario político.
Ustedes, los que promueven estas leyes y no apoyen esta PNL, son un peligro para la democracia. Democracia, en su boca, significa todo lo contrario, significa la más aborrecible de las dictaduras, la dictadura totalitaria del pensamiento único. Cierto es que hoy ya no montan gulags, no los necesitan, ya han convertido los colegios en centros de reeducación, en auténticas madrasas.
Los hechos traumáticos sucedidos en toda Europa en los años veinte, treinta y cuarenta debilitaron las incipientes democracias liberales, acabaron con el pluralismo político y abrieron paso a una era de violencia y pérdida de libertades.
Lo sucedido en España entre 1931 y 1945 no fue una excepción, sino la nota dominante en una Europa movida por las pasiones ideológicas, la violencia política y la deshumanización del otro.
A lo largo de los cinco años de existencia de la II República, los diferentes gobiernos no fueron capaces de garantizar la paz social, de legislar para todos o incorporar a la democracia a quienes soñaban con dictaduras del proletariado, revoluciones o gobiernos autoritarios.
La represión en la retaguardia de ambos bandos se cobró decenas de miles de víctimas. El terror se dirigió contra miembros de organizaciones sociales, políticas, juveniles o religiosas, pero también contra miles de ciudadanos que nunca llegaron a empuñar las armas y que fueron asesinados por razón de su posición social, creencias, afinidades ideológicas o incluso de querellas personales o de circunstancias geográficas.
Un pasado tan complejo requiere aproximaciones plurales, desapasionadas y generosas. Nunca ha habido un relato consensuado sobre la II República, la Guerra Civil y el régimen de Franco. Ni entre los historiadores, ni entre los ciudadanos.
Una sociedad democrática y pluralista no puede permitir que el poder político fije relatos cerrados, simplificadores o maniqueos.
Una sociedad democrática y plural debe reconocer la complejidad y dureza de su pasado, con el ánimo de comprender las razones que guiaron a los españoles de entonces a actuar como lo hicieron y no conforme a conceptos o intereses de la política actual.
La concordia, y no el revisionismo rencoroso, debe ser la respuesta a aquellos sufrimientos del pasado. Como políticos, nuestra misión es crear espacios de convivencia y demostrar a la sociedad asturiana de que somos capaces, pese a nuestras diferencias, de superar aquellos acontecimientos traumáticos, como de hecho ya hicieron nuestros mayores y la clase política durante la Transición. Si ellos lo hicieron, cómo no vamos a poder hacerlo nosotros, cuando ya han transcurrido casi 100 años de aquellos luctuosos hechos. Demos ejemplo.
Esta Ley no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición. Esta ley es una intolerable intromisión del Estado en la conciencia de los españoles, al pretender moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y castigar el trabajo de los historiadores, si no se ajustan a la interpretación sectaria e interesada establecida como “verdad oficial”.
Su derogación, como ha sucedido en Cantabria y pronto será realidad en Aragón, es una exigencia moral y democrática que busca la reconciliación y evitar que desde las instituciones y con dinero público se haga política de hechos que sucedieron hace casi 100 años. Una ley que sólo busca enfrentar a los asturianos y regar con ingentes subvenciones los chiringuitos de amigos.
