Amaia Martínez en el Parlamento Vasco

Ley vasca de Educación: «una flagrante violación del derecho de las familias a decidir»

Amaia Martínez condena la actitud cómplice del PSE para relegar al castellano a un rol secundario en el sistema educativo vasco, para imponer el euskera pese a las consecuencias negativas de tal decisión en el alumnado vasco.

El Gobierno Vasco ha completado hoy un nuevo capítulo de su política de imposición lingüística, el más grave de cuantos ha materializado desde que se hiciera con la gestión educativa en el País Vaco. Hoy ha confirmado su intención de imponer el euskera como lengua escolar, obviando la co-oficialidad de ambas lenguas y relegando al español a un rol similar al inglés o el francés en el sistema educativo vasco.

Lo ha hecho, además, sabiendo cuáles son las consecuencias negativas de tal medida para alumnos, la mayor parte de los vascos, para quienes el castellano es su lengua materna, aquella que utilizan en sus hogares, en su entorno más próximo. Lo ha hecho a pesar de que son muchos los expertos en la materia que atribuyen los muy mejorables resultados académicos en el País Vasco al hecho de que muchos jóvenes han de cursas sus estudios en un idioma que no es el suyo.

La imposición de un único modelo lingüístico, después de haber forzado la práctica desaparición del modelo A, aquel que gira en torno al castellano, supone una flagrante violación del derecho de toda familia a elegir la educación que desean para sus hijos, algo en lo que también inciden las condiciones de obligado cumplimiento que el Ejecutivo impone a los centros concertados, base importante de nuestro sistema educativo, para seguir recibiendo financiación pública.

Habrá que esperar a analizar el texto íntegro del anteproyecto de Ley vasca de Educación para hacer una valoración en profundidad, para estudiar el alcance real de informaciones que apuntan, por ejemplo, a la creación de una suerte de entidad para hacer un seguimiento del uso del euskera en los centros escolares, una entidad con autonomía funcional, potestad de auto-organización y con su propio reglamento de organización y funcionamiento»… aparentemente una entidad más para la imposición de una lengua oficial, el euskera, en detrimento de la otra, el castellano.

De cualquier forma, ha quedado en evidencia el papel de consorte del PSE, que a última hora asegura discrepar con su socio de gobierno del modelo lingüístico por el que apuesta el anteproyecto de ley de ambos, un partido que siempre ha avalado el pacto que en este sentido ya habían alcanzado el PNV y EH Bildu con anterioridad. Su actitud es absolutamente irresponsable y por ella deberá dar explicaciones a la sociedad vasca.