El Grupo Parlamentario VOX ha organizado este jueves en el Congreso una jornada para reivindicar la libertad de expresión y denunciar la censura, sobre todo en las redes sociales, por parte del Gobierno de Sánchez.
Para presentar el evento, ha tomado la palabra el secretario general del grupo, José María Figaredo, y ha hecho un pequeño resumen de la primera censura a la que se enfrentó VOX en el año 2013: las autonomías. «VOX se enfrentó a una censura total por esta cuestión; VOX se enfrentó a una crítica pública total por esta cuestión; a día de hoy, 12 años después, todo el mundo es capaz de hablar con libertad de que el sistema autonómico es para España uno de los grandes problemas», ha declarado. Además, se ha dirigido al público y ha reivindicado la importancia de «levantar banderas que parecían rotas y que, sin embargo, se encuentran todavía como grandes preocupaciones de los españoles».
Acto seguido, ha intervenido el vicesecretario nacional de comunicación y diputado de VOX por Toledo, Manuel Mariscal. En primer lugar, Mariscal se ha referido a los tres frentes que forman la guerra por la libertad de expresión: el Gobierno de Pedro Sánchez; Bruselas; y los medios de comunicación que viven de la publicidad institucional y las subvenciones.
El vicesecretario nacional de comunicación de VOX ha advertido de la “nueva caza al disidente” impulsada por los partidos del Gobierno y secundada por el resto de formaciones políticas, incluido el Partido Popular. “Lo que antes era censura en redes sociales, hoy se está convirtiendo en persecución penal”, ha denunciado y ha señalado que “el objetivo del poder político y mediático es que la libertad de expresión deje de ser un derecho de todos para convertirse en un privilegio reservado a quienes ellos designan”.
Además, ha puesto el foco en la reciente creación en el Congreso de dos subcomisiones —una contra los llamados “discursos de odio” y otra contra la “desinformación”— como instrumentos ideológicos para limitar las opiniones discrepantes. “Todos los partidos salvo VOX han votado a favor de unas subcomisiones que no buscan combatir el odio ni la mentira, sino imponer una verdad oficial y sancionar al disidente”, ha lamentado y ha declarado que estas iniciativas parlamentarias pretenden “normalizar la censura desde las instituciones democráticas” y “perseguir judicialmente las opiniones contrarias al consenso progre y globalista”.
Primera mesa: La libertad de expresión como derecho
El filósofo Miguel Ángel Quintana Paz ha inaugurado las mesas de debate de las jornadas recordando la necesidad de defender la libertad de expresión en cualquier sociedad occidental: «Todas las cosas que podamos perder, el malestar, el decrecimiento del bienestar pueden ser denunciadas gracias a la libertad de expresión».
«Tenemos que dejar que se digan falsedades para combatirlas, porque apostamos por la razón. Debemos debatir sobre las cosas que damos por supuestas para entrenarlas. Si no, la gente dejará de creer las verdades porque nadie sabrá por qué son verdad», ha añadido.
Tras él ha intervenido Alejandro Hernández, abogado penalista. Hernández ha asegurado que los límites de la libertad de expresión ya están estipulados en el ordenamiento jurídico español a través del derecho al honor, las injurias y las calumnias. Sin embargo, «esto no es para evitar el debate político y por ello entran en juego los delitos de odio».
Así, con los delitos de odio, ha explicado, «se ha vaciado de contenido la libertad de expresión». Además, ha lamentado: «Es más beneficioso agredir a una persona con motivo de discriminación que publicar un tuit en su contra, tiene más pena. Es un sinsentido, no cumple el principio de proporcionalidad».
José María Sánchez, diputado de VOX por Alicante, ha centrado su intervención en desarrollar la idea de la influencia del poder en la opinión pública: «Si la política de este Gobierno tiende a reducir la libertad de expresión y alcanza, interesadamente, a los medios de comunicación, este fenómeno de manipulación de la opinión pública se agudiza. Se utiliza esta opinión pública para influir en los resultados electorales». Tras ello, ha afirmado que «la libertad de expresión está en riesgo» debido al actual estado de la Unión Europea.
Juan Carlos Girauta, eurodiputado de VOX, ha continuado el hilo de esta idea: «Esta Unión Europea es enemiga declarada de la libertad de expresión». La libertad de expresión, ha remarcado Girauta, incluye «la libertad para ofender a quien te oye. De otro modo no es libertad de expresión. Su valor político tiene mucho que ver con ofender y ser ofendido para que la opinión pública saque sus conclusiones entre dos o más modelos».
Finalmente, ha concluido el debate de la mesa asegurando que «siempre va a haber alguien que diga la verdad y eso es contagioso. La libertad de expresión está unida a la libertad humana».
Segunda mesa: La defensa de la verdad en el periodismo
Antonio O’Mullony, director de La Gaceta de la Iberosfera, ha señalado que el paradigma mediático ha cambiado debido a la irrupción de los medios y comunicadores digitales. Asimismo, ha defendido que un periodista debe buscar la verdad: «Contar la verdad requiere dos virtudes necesarias: la humildad de entender que lo que uno sabe o piensa puede no ser lo correcto y la inteligencia. Lo que nos venden por periodismo no es periodismo, es un ejercicio de relaciones públicas».
En segundo lugar ha intervenido José Antonio Hernández, exdirector de investigación de El País. Hernández ha aprovechado su turno de palabra para contar que «si un un periódico cuenta con la simpatía del Gobierno le cae dinero de publicidad institucional por un tubo». Además, ha continuado: «Hoy nadie dimite, sólo se limitan a decir que todo son bulos. ¿Pero qué bulos? El sumario que tiene en su mesa el juez Peinado es enorme. Frente a eso vienen con la regeneración democrática».
Cake Minuesa ha remarcado que los periodistas «debemos batallar contra la autocensura de los grandes medios de comunicación. El ahogamiento a los freelance es censura. Que te cierren la cuenta de YouTube y Twitter es censura». Además, ha apuntado: «La negación de la verdad es mentir. No contar la verdad también es mentir».
Por su parte, Javier García Isaac, director de EDA TV, ha afirmado que «cuando el periodismo es incómodo, se persigue, se señala y se silencia. El poder, cuando no tiene escrúpulos o límites morales, no tolera que le recuerde que la verdad ni se compra ni se subvenciona». Tras ello, ha concluido: «La prensa tiene que ser incómoda. En tiempos de tinieblas, decir la verdad es un acto revolucionario».
César Pintado, director de Hérqles, ha cerrado la segunda mesa exponiendo la ventada de oportunidad que internet y la nueva mecánica de consumo de contenido aportan a los pequeños medios independientes: «Esta ventana de oportunidad permite que muchos jóvenes se informen a través de perfiles en redes y no tanto de medios de comunicación comprados por el bipartidismo. Se crea así una verdad alternativa alejada a la dibujada tradicionalmente por los medios».
«El Estado trata de tutelar la libertad de información del ciudadano. Nuestra misión es conseguir devolver la soberanía a los ciudadanos. Somos un refugio de la libertad de expresión», ha concluido.
Tercer mesa: La libertad de expresión y las redes sociales
El twittero Infovlogger, Isaac Parejo, ha denunciado que “el poder político ha declarado la guerra al sentido común y a quienes lo representan”, y ha señalado directamente al Gobierno y a los grandes medios de comunicación como responsables de una “persecución sistemática” contra voces críticas. “Nosotros, con una cámara y un micrófono, les quitamos influencia. Y por eso nos odian”, ha asegurado.
Parejo también ha advertido del uso partidista de las instituciones parlamentarias para imponer una censura encubierta: “Han creado subcomisiones contra el odio y la desinformación no para proteger a nadie, sino para controlar qué se puede decir y qué no en este país”, ha afirmado, lamentando que estas herramientas buscan blindar un discurso único y oficialista desde el poder: “Los medios obedecen a quien les paga, y ahora el Congreso se suma a esa estrategia para silenciar a quienes no nos autocensuramos”.
En cuanto a la periodista Irene Vélez, ha denunciado el “peligro que supone convertir al legislador en censor ideológico”, en referencia directa a la subcomisión creada en el seno de la Cámara Baja para combatir los discursos de odio. “No quieren combatir el odio, quieren gestionar el disenso”, ha señalado. Según Vélez, esta iniciativa responde a una estrategia más amplia del Gobierno y sus socios parlamentarios: “Están construyendo desde las instituciones una arquitectura legal para decidir qué es verdad y qué no, qué puedes decir y qué te costará un juicio o un veto”.
Por su parte, Miguel Gutiérrez ha asegurado que “el Parlamento se ha convertido en una fábrica de etiquetas para silenciar a quien piensa distinto” y ha criticado con dureza que se use la lucha contra el odio como coartada para perseguir al disidente: “No buscan frenar el odio, buscan criminalizar a quien no se arrodilla ante sus dogmas”. Gutiérrez ha denunciado que esta estrategia institucional no va contra ideas extremistas, sino contra ideas incómodas: “Llaman extrema derecha a cualquiera que hable de inmigración ilegal o de inseguridad, y lo hacen desde esta Cámara, con dinero público y desde una superioridad moral impuesta”.