El Grupo Parlamentario VOX ha presentado esta semana en el Parlamento de Andalucía una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de reforzar la defensa institucional de la libertad de expresión, reconocida como un derecho fundamental en el artículo 20 de la Constitución Española.
El portavoz de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha manifestado que “cuando un gobierno quiere decidir lo que puedes decir, lo que puedes pensar y lo que puedes compartir… el problema no es tu opinión. El problema es ese gobierno”.
La formación denuncia que en los últimos años se ha producido “un cambio de paradigma preocupante” que amenaza la libertad de expresión ya que, entre otras medidas, otorgar a la Administración el poder de supervisar y sancionar medios y plataformas digitales equivale a instaurar censura incompatible con el Estado de Derecho.
Además, el grupo parlamentario ha subrayado la tendencia del denominado “delito de odio” como “un instrumento para perseguir opiniones políticas, ideológicas o culturales legítimas”. La crítica se fundamenta en que todo lo que el gobierno no considere, según su ideología, tolerable no será libertad, sino ‘odio’. El concepto se ha extendido a universidades e instituciones públicas en las que ya se ha registrado algún caso de censura. La iniciativa señala que “el poder corrupto teme todo aquello que no puede controlar”.
VOX sostiene a través de esta iniciativa que el Gobierno de Pedro Sánchez, marcado por la corrupción y la mala gestión de servicios públicos, sabe que ya no basta con controlar a los medios de comunicación mediante subvenciones y ahora debe recurrir a la censura. En palabras de Manuel Gavira, “cuando el poder empieza a hablar de ‘regular opiniones’, no está defendiendo la democracia. Está intentando defenderse de los ciudadanos”.
Asimismo, han indicado que la protección de los menores y la preocupación social ante el uso de pantallas o el aumento de problemas de salud mental no pueden convertirse en excusas para restringir derechos fundamentales.
Por todo lo anterior, VOX propone que el Parlamento de Andalucía rechace cualquier intento del Gobierno de España de imponer censura y límite a la libertad de expresión ya sea en redes sociales, prensa o en el ámbito académico, así como que se respete la soberanía nacional mediante una comunicación pública libre.
