«Cuando VOX llegue los viernes negros serán contra los directivos, presentadores y tertulianos que han convertido RTVE en un mercado persa». Ha sido una de las advertencias que el diputado Manuel Mariscal ha lanzado al presidente de la Corporación en la sesión de Control que se celebra en el Senado, donde le ha preguntado cómo valora la gestión económica de la cadena pública.
El portavoz de VOX ha sido muy crítico con el uso del dinero público, que la Corporación está utilizando «para enriquecerse». » Ni a Silvia Intxaurrondo, ni a Javier Ruiz, ni a Jesús Cintora les importa la verdad, ni los españoles, ni la televisión pública. Sólo llenarse los bolsillos a manos llenas», ha denunciado.
Y para argumentar su discurso ha puesto tres ejemplos: la denuncia de Intxaurrondo «porque ganar 160.000 euros al año de la televisión pública no es suficiente»; el incumplimiento de contrato al dejar de emitir el sorteo de la Lotería, que supone una sanción de un millón de euros; y los 11 millones que suponen emitir La 2 en catalán, como concesión a Junts.
En definitiva, el plan de VOX es defender a los trabajadores de RTVE, «no como ha hecho el PP y ahora sus consejeros». La frase más escuchada, ha dicho, será «eso se lo explicas al juez».
Operación política dirigida
Por su parte, la diputada de VOX Carina Mejías ha denunciado la «operación política perfectamente dirigida» en RTVE para «normalizar la criminalización de un partido legal y de sus más de tres millones de votantes», financiado con «el dinero de todos los españoles».
Mejías ha denunciado que el mensaje de que un partido o sus simpatizantes no merecen respeto, así como los insultos y la demonización y la mentira, y un trato de «enemigos públicos» acaba «extendiéndose fuera del plató». Y a ello ha contribuido que hasta cinco colaboradores de Canal Red —medio de ultraizquierda radical— han desembarcado en las tertulias de RTVE «como si fuese su cortijo».
«Y al frente, Pablo Iglesias, convertido en comisario ideológico de la cadena pública», ha denunciado. La perdona que «llamaba a “reventar a la derecha; que celebraba ataques a la policía; que ahora exige que esa misma policía reprima manifestaciones legítimas cuando no son de los suyos». En definitiva, «propaganda tóxica pagada con dinero público».
Para concluir, ha exigido que «se respete la ley, el libro de estilo y la neutralidad que exige el servicio público». Y del mismo modo, que se termine «la operación política que se está ejecutando desde sus tertulias».