Traen, de nuevo esta ley -de Economía Circular- a esta Cámara, y es idéntica a la que ya presentaron antes de que acabara la anterior legislatura. No han modificado nada y por lo tanto la postura de VOX tampoco». Con estas palabras, el portavoz adjunto del GP VOX, Javier Cortés, comenzaba su intervención para fijar una postura que, ya dejaba claro, era contraria al Proyecto de Ley que han llevado los populares al Pleno del Parlamento andaluz.
El portavoz adjunto del GP VOX ha indicado que el texto contiene una serie de «líneas rojas», que, ha asegurado, «no vamos a cruzar», y ello obliga a VOX a presentar una enmienda a la totalidad.
El parlamentario de VOX ha recordado a los populares que las políticas incluidas en la Agenda 2030, que siempre defiende el Gobierno de Juanma Moreno, «obligan a nuestro campo y a nuestra industria a acatar el fanatismo climático impuesto por la izquierda», lo que implica que tengan que cumplir con «una imposible legislación medioambiental y a pagar altísimos impuestos verdes». Como resultado, ha denunciado, «tienen que competir con quien no paga los impuestos aquí y no cumplen nuestra restrictiva legislación ecologista».
Agenda 2030, sin debate
«La Agenda 2030 no está abierta a debate y los objetivos marcados en ella no han sido sometidos a la decisión de los españoles a los que se les imponen cambios que afectan enormemente a sus estilos de vida». Y así lo hace el PL de Economía Circular, cuando asegura que «la sociedad debe implicarse y comprometerse con el proceso mediante la modificación de sus pautas de consumo» o que los ciudadanos deben abandonar la cultura de la propiedad de los bienes para pasar a una cultura del «pago por uso». Es decir, poner fin a la propiedad de bienes elegidos libremente por los ciudadanos.
Cortes ha explicado que la conservación del medio ambiente, la reducción de los desperdicios y el uso racional de las materias primas «es imprescindible tener presente como fin principal el bien común y el interés de España». Sin embargo, «toda la trayectoria del Ejecutivo andaluz del Partido Popular en esta materia está dictada por un sometimiento ciego e irracional a los postulados del fanatismo climático contenidos en la Agenda 2030 y que nada tienen que ver con los intereses de los españoles y la preservación del medio natural».
En definitiva, «Toda la retórica del Gobierno andaluz está repleta de lugares comunes y frases buenistas que pretenden ocultar el hecho de que las nefastas políticas que se impulsan en nombre de esta agenda están perjudicando gravemente a nuestras familias y empresas».
«Irresponsable sometimiento»
Otra de las líneas rojas a las que se ha referido Cortes es la pérdida de soberanía en la que «profundiza» el Proyecto de Ley así como la sumisión de España a criterios marcados por instancias supranacionales. «Lo dispuesto en los artículos 41.1 y 64.2 induce a considerar que la normativa española está por debajo de la legislación europea». Cuando es «el Derecho nacional el que debe gozar de primacía frente al europeo en todas las cuestiones que afecten al bien común de España
En esta misma línea, ha urgido a recuperar la soberanía nacional y dejar atrás el «irresponsable sometimiento a criterios establecidos fuera de nuestro país». De este modo, se podrá llegar a lo esencial que es «proteger a nuestros trabajadores, atender a sus necesidades y dotar a las próximas generaciones de un horizonte de libertad, igualdad, prosperidad y justicia» porque nada de ello puede hacerse si España sigue «sometida al dictado de organismos ajenos a los intereses nacionales».
Pasar por el aro
También ha mostrado su rechazo a que se implemente, tal y como prevé el PL, el Registro Público Andaluz de análisis de ciclo de vida porque «supondrá un aumento de la burocracia que recaerá sobre nuestras empresas». Además se establece como criterio para poder optar a subvenciones que las empresas estén inscritas en este registro, algo que «perjudica a las empresas que no quieran pasar por el aro». «Tampoco podía faltar en este proyecto de ley un régimen sancionador que supondrá un nuevo ataque a la libertad de las pequeñas y medianas empresas que verán mermada su capacidad operativa para crecer y competir», ha ironizado Cortés.
Por último, se ha referido a la intención de los populares de aumentar el gasto superfluo con la creación de la Oficina Andaluza de Economía Circular, que tendrá unas funciones que, tal y como ha advertido el parlamentario, «pueden asumirse perfectamente por los medios que ya tiene la administración para gestionar los residuos».
