La desfachatez de los partidos políticos ha llegado al punto de saturación con el calimocho legislativo del Mar Menor. El PP y PSOE, con sus marionetas acopladas, han desvelado su juego tramposo de enfrentamiento y complicidad. Y ahora los hemos pillado en la Asamblea regional trucando la Ley que aprobaron el año pasado.
A cara de perro, el Gobierno central y la Autonomía murciana se acusan de incompetentes: “¡Tú no haces las obras!”, “¡tú no controlas los vertidos!”, “¡no desatascas las golas!”, “¡mira el Albujón!”, “¡te revienta el acuífero!”, “¡tienes competencias en el Estatuto!”, “¡tengo el informe de un catedrático!”, “¡yo tengo dos!”… Y así llevan todo el verano. La cosa es dramática y cómica, tenemos una competición para ver quién es más incompetente para arreglar el Mar Menor.
Pero, por la puerta de atrás, los partidos culpables han logrado despenalizar sus crímenes contra el Mar Menor. El lunes pasado dejaron fuera de la prohibición los vertidos contaminantes del freático, alcantarillas y redes de saneamiento, es decir, los hechos imputables a las dos administraciones que gobiernan. La maniobra de reformar la Ley del Mar Menor para permitir la impunidad de los vertidos ilegales equivale a buscar un indulto anticipado por futuras responsabilidades penales.
Los problemas del Mar Menor no se resuelven con leyes inútiles, sino firmando los contratos para hacer las obras públicas que se necesitan. Hay que actuar con urgencia en golas, ramblas, acuífero y saneamiento. Las obras están descritas en la propuesta de VOX pero no se atreven a ejecutarlas por miedo a los “comités científicos” que ellos mismos pagan para que digan una cosa y la contraria.
También es lamentable la degradación arrojada sobre los agricultores a cuenta de los regadíos ilegales. Es insoportable la manipulación de datos y el cambalache de versiones acerca del número de hectáreas sin derechos de agua, la restitución al secano y cómo detener el suministro indebido. El verdadero problema es que el regadío ilegal lo crea la propia administración cuando concede agua desalada de forma irregular o no corta la usada al margen de la ley. Este choque es otro invento para encubrir la relación infiel entre las administraciones regional y estatal con expedientes sancionadores y el intercambio de papeles sobre parcelas y vigencia de concesiones.
La sociedad demanda soluciones, no extravagancias sobre personalidad jurídica para crear nuevos chiringuitos y complacer ecologistas radicales. Los políticos han trucado la Ley para buscar su impunidad por las fechorías que han cometido contra el Mar Menor tras décadas de negligencia culpable. Una desvergüenza continuada para arruinarlo y acabar con el Trasvase.
