El Grupo parlamentario VOX en Aragón, con Alejandro Nolasco al frente, ha manifestado su protesta muy cerca de la subdelegación del Gobierno en Huesca. «Creemos que lo que ha pasado es realmente un asunto gravísimo. Y es grave porque este Gobierno demuestra una tremenda irresponsabilidad», ha denunciado Nolasco.
Junto al vicepresidente del Gobierno de Aragón, han asistido a la convocatoria a los medios el portavoz del grupo, Santiago Morón y los diputados de VOX por Huesca, David Arranz y Fermín Civiac. En sus declaraciones, Nolasco se ha referido a cómo el Gobierno central no se puso en contacto con la Comunidad Autónoma. «Nosotros nos enteramos de que estas personas van a ser reubicadas en este espacio, pero no nos dicen ni cómo ni cuándo ni en qué condiciones. Por tanto, nos parece, como ya digo, una irresponsabilidad tremenda».
No es la solución
Nolasco ha señalado que «este tipo de actuaciones fomentan el efecto llamada. Personas sobre las que no tenemos ningún control. Y yo con esto quiero referirme también al tema de la policía y de la guardia civil cuando nos dicen, por ejemplo, que no saben ni la fecha de nacimiento ni los antecedentes penales que tienen. Pero tenemos que saber, por temas de seguridad nacional, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan». «Además, una cosa importante. Las ONG hacen lo que pueden, ayudan, pero luego estas personas se quedan tiradas, sin ningún tipo de apoyo más allá de esas primeras atenciones. Y, ya digo, no hay control».
Desde el grupo parlamentario VOX en las Cortes de Aragón, Nolasco ha insistido en que «la inmigración legal, ordenada, es un activo, pero la inmigración ilegal y desordenada es un problema gravísimo que tenemos que solucionar». «Por eso venimos aquí para manifestar esa protesta por las acciones del Gobierno irresponsable del señor Sánchez».
Alejandro Nolasco se ha referido también a la saturación de los servicios sociales. «No podemos atender a todas las personas que nos vienen. Y los servicios de ayuda están completamente saturados. ¿Hasta qué punto tenemos nosotros una capacidad de recepción de estas personas que, muchas veces, son víctimas de mafias que les traen aquí y que luego les piden contraprestaciones? Es un tema delicadísimo, que entendemos que afecta a la seguridad nacional».
Competencia nacional
Nolasco lo ha subrayado. «Nosotros poco podemos hacer, más allá de prestar las atenciones sanitarias de primera hora. Pero una vez que se han acabado estas atenciones, ¿Qué pasa con ellos? ¿Son gente que habla español? ¿Qué están cualificados en algún sentido? Y luego ese proceso de reinserción es larguísimo». Y se ha referido al caso de inmigrantes legales que llegan a España. Que tardan hasta tres o cuatro años en regularizar su situación para poder trabajar. «Por esto, ¿hasta qué punto una persona que viene de Mali puede incorporarse al mercado en España en un plazo relativamente corto? Es un tema muy difícil», ha reiterado.
«La competencia es nacional y aquí la Comunidad Autónoma sólo puede prestar esos servicios de atención, pero evidentemente tienen que estar coordinados con el Gobierno de España. Lo que no puede ser es que el Gobierno de España haga lo que le dé la gana y ni siquiera se digne a llamar a la Comunidad Autónoma. Ni siquiera hacen eso. Algo que nos parece gravísimo, de un desprecio total y de un sectarismo político también» ha incidido.
Ante la pregunta de un periodista en la que se hacía eco de la postura de la organización empresarial CEOE de ofrecerles trabajo Nolasco ha sido claro: «¿En qué sector se les ofrece trabajo? Hay que estar cualificado. Saber el idioma, que cuesta un tiempo… y regularizar todos los papeles para que puedan trabajar, que también es difícil. Porque como ya digo, hasta los legales cuentan con expedientes de hace tres años…y esto con los legales. Y, claro, hasta entonces ¿Qué hacen? ¿Qué solución tienen? Porque desde el Gobierno de España tampoco se les da ninguna».
«Que yo sepa, no se ha producido ningún contacto con la Administración central. Cuando se produce un hecho de estas características se debería avisar cuánto antes. Esta potestad de poner a la gente donde les dé la gana: “yo decido que los pongo en Sabiñánigo”. No sólo es que no se ataje el problema, es que se expande. Y se expande literalmente, físicamente y geográficamente. Lo cual, esto está muy lejos de ser una solución y nos parece una irresponsabilidad gravísima de este Gobierno central», ha concluido.
