El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha comparecido hoy en rueda de prensa, acompañado por la coordinadora Nacional Jurídica de VOX, Marta Castro, y los ediles de la formación, Carla Toscano; Arancha Cabello; Ignacio Ansaldo y Fernando Martínez Vidal, tras el fallo del Tribunal Supremo sobre la ilegalidad del Grupo Mixto del consistorio madrileño, para recordar al Partido Popular que “en política no todo vale; hay límites éticos, morales y legales”.
En este sentido, Ortega ha lamentado que en el Ayuntamiento de la capital de España “se ha cometido el mayor acto de fraude electoral, legal y medioambiental de ningún ayuntamiento de España”. Y ha denunciado: “El PP cambió la representación que se había conseguido en unas elecciones, anulando un GM VOX mediante la sustitución de otro grupo municipal absolutamente ilegal -tal y como advirtió VOX-” y, con ello, se lograron aprobar los presupuestos de 2022, la Ordenanza de Movilidad, que está restringiendo la libertad, arruinando a autónomos, transportistas y causando un gran perjuicio al turismo (…).
Así, Ortega ha acusado al Partido Popular de “retorcer la ley hasta el extremo”, después de que la Junta Electoral y el Consejo Asesor Jurídico de la Comunidad de Madrid a través de un informe en el que explicaba que “los cuatro tránsfugas de Más Madrid jamás podrían haber sido un grupo mixto”, sino “concejales no adscritos”. Pese a ello, -continúa- “el secretario general del Pleno, ratificado por el alcalde Almeida, emitió un ‘infumable’ informe en el que se inventó que había una apariencia de coalición electoral, y no lo que realmente fue -Más Madrid- un partido político, tal y como ratificó la junta Electoral y el Ministerio del Interior”.
Así, Ortega se ha referido al fallo del Tribunal Supremo que confirma la ilegalidad del Grupo Mixto para afirmar: “Esto es para que el alcalde presente inmediatamente su dimisión, se cese al presidente del Pleno y también al secretario general”, porque “no se puede conseguir o mantenerse en el poder y, mucho menos, aprobar normas tan importantes pasando por encima de la ley”.
Respecto a este tema, Ortega también se ha mostrado preocupado por “la corrupción política”. “Ese grupo mixto ilegal tuvo vocales, personal asalariado pagados por los madrileños, dotación económica (…)”. Por eso, ha subrayado, “queremos que hasta el último céntimo sea devuelto a las arcas municipales”, ya que se ha hecho “una utilización ilegítima de los fondos públicos y, por tanto, además de haber sido una gran mentira electoral, ha habido una malversación de fondos públicos”.
En definitiva, “vamos a estudiar hasta el último resquicio, todas las acciones que estén en nuestra mano para que los madrileños recuperen esos fondos sustraídos ilegalmente”, ha dicho Ortega tras afirmar que “no podemos permitir que en ningún ayuntamiento de España, y menos en el de la capital, salga gratis utilizar y pisotear la ley a su capricho”.
Punto final a una ilegalidad cometida por el Ayuntamiento de Madrid
Por su parte, la coordinadora Nacional Jurídica de VOX, Marta Castro, ha celebrado que “hoy ponemos punto final a una ilegalidad cometida por el Ayuntamiento de Madrid al obtener la declaración por parte del TS de la firmeza de la sentencia que declaraba que el grupo mixto se constituyó de forma ilegal, que tiene que ser disuelto y todas las consecuencias que ello conlleva”.
Así, ha recordado la coordinadora Nacional Jurídica que el recurso que presentó VOX “se basaba en la colisión frontal y absoluta con la legalidad -de la creación de un grupo mixto-, tanto con el artículo 73 de la Ley de Bases, como del propio Reglamento Orgánico del municipio de Madrid en los artículos 31 y 33, y además el derecho de representatividad contenido en el artículo 23 de la Constitución Española”.
Para Castro, la disolución del “ilegal” grupo mixto “deberá tener las consecuencias jurídicas correspondientes, porque la intervención de estos cuatro concejales como grupo mixto en cualquier actividad esencial del Ayuntamiento tendrá que ser declarada nula”. En definitiva, “esas son las consecuencias que impone el Derecho y la legalidad”. “Llevaremos a cabo las acciones pertinentes para restablecer la legalidad en el Ayuntamiento de Madrid”, ha sentenciado.
