El Parlamento de Andalucía ha aprobado una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX en la que muestra su parecer favorable a que el Gobierno de la Nación, “para que los propietarios de viviendas y locales que sean objeto de okupación paguen IBI cero”, una medida que sirva como “apoyo a la propiedad privada” mientras que no se resuelvan las modificaciones de la legislación nacional en este asunto.
Como ha indicado el diputado del Grupo Parlamentario VOX por Granada y vocal en la Comisión de Fomento, Ricardo López Olea, se trata de una medida “de sentido común y de justicia”, ante un fenómeno delictivo que en España “desde 2011 hasta la actualidad ha aumentado en más de un 450%”.
En concreto, la iniciativa parlamentaria de VOX aprobada, busca que el Gobierno de España impulse las modificaciones legislativas necesarias en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para “que se incluya en el apartado de bonificaciones obligatorias que los ayuntamientos bonifiquen al 100% el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), a aquellos sujetos obligados al pago afectados por ocupación ilegal durante el periodo que dure la misma”.
López Olea sea mostrado tajante con el fenómeno de la okupación, el cual, asegura, es utilizado en nuestro país por los gobiernos para “ofrecer la vivienda social que no pueden ofrecer con sus gestiones económicas”.
López Olea ha insistido en la necesidad de “una reforma del Código Penal”, que ponga fin a las penas “tan ridículas” que se imponen cuando se comete una usurpación y no se utiliza la violencia y la intimidación, y que van de los 3 a 6 meses de multa, “lo que supone una llamada a la realización de estos actos delictivos por la escasa entidad que tiene la pena”, asevera.
El parlamentario de VOX también ha cargado contra los informes de vulnerabilidad que se han introducido en la nueva Ley de Vivienda que, como advierte, “lleva a los perjudicados a tener que soportar y alargar en el tiempo esa situación lamentable que supone la okupación”, una situación “que ningún país de nuestro entorno permite” ya que “quienes cometen un delito de okupación salen de la vivienda en 48 horas”.
“Mientras la izquierda nos habla de grandes tenedores, la realidad es que son personas, con nombres y apellidos, los que sufren este tipo de situaciones”, ha concluido Ricardo López Olea.
