La diputada de VOX en el Congreso de los Diputados por Málaga, Patricia Rueda, ha advertido este sábado que la Zona de Bajas Emisiones de Málaga, que empezará a multar en poco más de un mes «vulnera los derechos de los todos los ciudadanos, pero en particular la de los pacientes que deban acudir al Hospital Civil», ubicado en plena ZBE y que serán multados si acuden en vehículos que no tengan las etiquetas que se exigen.
«Bajo el paradigma del cambio climático se están eludiendo responsabilidades políticas y sociales, y perjudicando a los malagueños», ha defendido Rueda.
«Este cambio climático o esta ideología del cambio climático nos está llevando a una deriva. En Málaga, por ejemplo, el Hospital Civil, al que acuden las personas enfermas de cáncer, está casi en la zona centro de la ciudad. Con el fanatismo climático y en honor al cambio climático se han establecido en muchos centros de ciudades las zonas de bajas emisiones», ha explicado la diputada nacional malagueña.
Ante este escenario, Patricia Rueda se ha preguntado «cómo van a llegar los pacientes de quimioterapia y sus familiares». «Muchos vienen desde pueblos del interior o de la costa para recibir su tratamiento. ¿Cómo se organizan para trasladar a un paciente que en muchas ocasiones es una persona con movilidad reducida porque va en una silla de ruedas? ¿Cómo se organiza para regresar a su coche tras una sesión de quimio que, en muchas ocasiones, te ha dejado muy débil”, se ha preguntado.
«Es una barbaridad que un enfermo de cáncer o un paciente que requiera cualquier tipo de atención pueda ser multado por ir al hospital», ha añadido. «Urge eliminar este delirio climático que es la zona de bajas emisiones y que vulnera los derechos de todos los ciudadanos»
Rueda ha recordado que las zonas de bajas emisiones «son una máquina de recaudación» que restringen la libertad de movimiento de los ciudadanos y castigan a las clases medias y trabajadoras que no pueden cambiar fácilmente de vehículo.
Agenda 2030, una agenda que nadie ha votado
Además, Patricia Rueda ha recordado que la Agenda 2030 «no ha sido votada por nadie» y supone un «despilfarro de dinero en políticas suicidas que están llevando a la ruina a muchas familias en vez de dedicarse a mejorar los servicios públicos y a garantizar el bienestar de los españoles».
