El senador de VOX, Ángel Gordillo, ha explicado que el grupo de VOX en el Senado apoya la proposición de ley de montes de socios porque «preserva, desde el punto de vista de la propiedad privada, y da solución a un viejo problema que estaba enquistado». «Es una realidad que afecta a muchísimas personas y a una gran cantidad de terreno, casi dos millones de hectáreas», ha explicado el senador.
Gordillo aclaró que «en VOX tenemos muy en cuenta el mundo rural, y por eso consideramos que ésta es una medida necesaria, ante el abandono del mundo rural y de los montes, así como una gran oportunidad de poner en valor a las personas arraigadas en el mundo rural en la gestión de nuestro patrimonio ecológico».
El senador ha comentado que «ante el gran problema que tenemos con la despoblación, esos montes están quedando abandonados», a lo que se debe añadir una serie de trabas burocráticas que dificultan la propia gestión de esos montes o campos, así como las trabas administrativas y fiscales. Pelayo ha lamentado asimismo que «no haya un ambiente, un ecosistema favorable para el emprendimiento y el desarrollo familiar en el mundo rural, por lo que es evidente que vamos a seguir en la línea de esa despoblación». Además, «existe el problema de la falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas», ha añadido.
Para Pelayo, «es un clamor social el hecho de que el ejercicio de la agricultura, por las medidas derivadas de agendas globalistas, está dificultando gravemente el mundo rural», por lo que ha instado a poner freno, ayudar y comprender a los agricultores y al sector primario, que por otra parte, ha dicho, «es el que nos da de comer». Por eso, ha reiterado, «estamos absolutamente de acuerdo con que se aborde de manera integral a través de una ley la problemática de los montes de socios respetando su naturaleza jurídica, y sobre todo, la propiedad privada».
En ese sentido, Pelayo ha anunciado que VOX presentará una enmienda de adición complementaria para pedir «que se desarrollen programas públicos de apoyo a la custodia del territorio basados en beneficios fiscales y pagos por servicios ambientales» que ayuden a incentivar actuaciones sostenibles por parte de propietarios y gestores de recursos ambientales, así como ayudas directas a zonas rurales y beneficios fiscales.