El diputado regional de VOX en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo, ha denunciado la creciente gravedad del problema de la ocupación ilegal de viviendas a nivel nacional, y que también es cada vez más preocupante en Extremadura, donde el número de viviendas ocupadas fue de 97 en 2021, habiendo aumentado un 5,4% entre 2021 y 2022.
Pelayo ha afirmado que este problema causa una gran alarma social en España, y ha exigido que «la ley dé una respuesta eficaz a este problema», ya que «es intolerable que se proteja más al delincuente que a la víctima de una ocupación».
Medidas concretas
El diputado de VOX ha solicitado la implantación de varias medidas para evitar que este problema se agrave más en la región extremeña. Entre ellas, está promover la modificación del Código Penal para «endurecer las penas establecidas para el delito de usurpación» establecida en el artículo 245, así como tipificar la comisión de este delito por parte de bandas organizadas; ó modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para «dotar de mayores medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «para desalojar inmuebles ilegalmente ocupados».
Asimismo, VOX pide que se promueva un cambio legislativo que permita a las víctimas de la ocupación ilegal que, vía cautelar, «el inmueble ocupado ilegítimamente pueda ser desalojado en 48 horas». Por otra parte, Pelayo ha instado al Gobierno de España a que se apliquen «beneficios fiscales a las víctimas de una ocupación ilegal» que dediquen el inmueble al alquiler de la vivienda, inmediatamente después de su recuperación y rehabilitación.
Pelayo ha añadido que algunas situaciones de viviendas ocupadas son especialmente dramáticas, ya que se producen actos de extorsión por parte de los «okupas» que incluso llegan a exigir el pago de una cantidad para abandonar las viviendas en las que viven de forma ilegal.