El portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Íllora, Francisco Palma, ha anunciado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que se acusa al actual equipo de gobierno del PSOE de mantener durante años un presunto bloqueo deliberado de la liquidación de la empresa pública EPSI Íllora S.A.U. para evitar el pago de deudas reconocidas judicialmente a vecinos del municipio, una situación que califica de “inaceptable, injusta y contraria al interés público”.
La denuncia pone de manifiesto una situación que afecta a varias familias del municipio que, desde el año 2007, entregaron importantes cantidades de dinero para la adquisición de viviendas promovidas por dicha empresa pública. Sin embargo, tras casi dos décadas, los afectados continúan sin haber recibido ni las viviendas comprometidas ni la devolución de su dinero, a pesar de existir resoluciones judiciales firmes que reconocen su derecho al cobro.
Incumplimientos
Según se recoge en el escrito presentado, los acuerdos alcanzados judicialmente para la devolución de las cantidades fueron incumplidos de forma sistemática, sin que conste actuación alguna por parte de la empresa pública ni del Ayuntamiento orientada a satisfacer la deuda. Esta situación ha obligado a los vecinos a iniciar múltiples procedimientos judiciales que han resultado infructuosos debido a la falta de bienes de la sociedad.
Asimismo, la denuncia destaca que el propio Ayuntamiento ha reconocido en diversas ocasiones la existencia de estas deudas, tanto en sede judicial como en el Pleno municipal, sin que hasta la fecha se haya procedido a su pago ni se haya culminado el proceso de liquidación de la empresa.
Especial gravedad revisten los hechos relativos a la supuesta paralización deliberada de dicha liquidación. Entre otras circunstancias, se señala la inexistencia de documentación esencial —como libros de actas, balances o inventarios—, así como la ausencia de un órgano liquidador durante largos periodos de tiempo. A ello se suma la tramitación de la baja del CIF de la empresa sin haber concluido su liquidación, lo que, según la denuncia, habría impedido de facto el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores.
Para Francisco Palma, estos hechos podrían ser constitutivos de delitos como prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y frustración de la ejecución, en el marco de una actuación continuada en el tiempo que habría perjudicado tanto a los vecinos afectados como al interés general del municipio.
Francisco Palma ha señalado que “no estamos ante un simple retraso administrativo, sino ante una posible estrategia sostenida de dilación y bloqueo que ha dejado a familias de Íllora sin vivienda y sin su dinero durante años”. Asimismo, ha subrayado que “es imprescindible depurar responsabilidades y garantizar que los vecinos recuperen lo que legítimamente les corresponde”.
Prioridad nacional
El concejal de VOX ha defendido que el acceso a la vivienda en propiedad debe volver a ser una prioridad nacional, especialmente para jóvenes y familias. “Frente a las políticas que han dificultado durante años la compra de vivienda, VOX apuesta por facilitar la construcción, reducir trabas y garantizar el acceso a financiación, con el objetivo de que los vecinos puedan acceder a una vivienda digna en propiedad y no queden atrapados en situaciones de incertidumbre como la que denuncia este caso”, ha concluido Francisco Palma.
