El Tribunal General ha dictado hoy Auto por el que inadmite el recurso interpuesto por los tres eurodiputados de VOX antes del Brexit contra la decisión del Presidente del Parlamento Europeo de aceptar a Puigdemont y Comín como miembros de ese Parlamento.
La inadmisión se fundamenta exclusivamente en motivos formales al considerar que Jorge Buxadé, Hermann Tertsch y Mazaly Aguilar no tienen, como eurodiputados, la condición de legitimados por no estar directamente afectados por esa decisión, a pesar de que efectivamente, su nombramiento modifica la composición del Parlamento.
La decisión del Tribunal General no entra a valorar los motivos de la demanda ni la legalidad de lo hecho por el Parlamento Europeo:
- Puigdemont y Comín no han cumplido la legislación electoral española al no acudir ante la Junta Electoral Central a jurar o prometer el cargo de parlamentario como exige la LOREG.
- El Parlamento Europeo no ha verificado las credenciales de estos dos fugados porque las mismas nunca han sido enviadas por la Junta Electoral Central.
- La decisión del Parlamento Europeo infringe el propio Reglamento de la Cámara y el Acta Electoral Europea, que se remiten a la legislación nacional de cada Estado.
El Tribunal evita entrar en el fondo del asunto con una interpretación restrictiva de sus propias normas.
Esta decisión se funda en una restrictiva normativa, que a su vez es interpretada restrictivamente por el tribunal europeo, que demuestra que las instituciones de la Unión se quieren colocar por encima del bien y del mal y que en el ámbito de la Unión hay menos garantías y balances de respeto al Estado de Derecho que en los Estados miembros.
La muestra es que en España los diputados de VOX sí han podido recurrir ante el TC los juramentos de la Constitución de los diputados separatistas.
Es un escándalo político que el Gobierno socialcomunistarra haya intentado participar en el procedimiento judicial solicitando voluntariamente hacer alegaciones contra los diputados de VOX y en favor del Parlamento europeo, que había violado la legislación electoral española. Eso lo hemos conocido al leer el Auto del Tribunal, alegación que es igualmente desestimada. Sánchez e Iglesias han pretendido utilizar recursos del Estado para defender a los golpistas fugados ante las instituciones de la Unión, y sin duda ha perjudicado la acción de nuestros diputados.
Si el Gobierno hubiera ejercido las facultades que le competen Puigdemont y Comín no serían diputados. Todo forma parte del pacto de Sánchez con los separatistas.
En todo caso, seguiremos luchando, ante la desidia del Gobierno, para que se cumpla la Ley española y Puigdemont, Comín y Ponsatí queden a disposición del TS para ser juzgados, a pesar de que el gobierno pretenda impedirlo.
Los servicios jurídicos de VOX están estudiando si habrá recurso.