A finales de octubre, la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, descartó, a preguntas de Vox, la adopción de medidas preventivas para evitar el impacto de una sexta ola de contagios por covid-19 a pesar de que ya se estaba produciendo en países de nuestro entorno como Austria, Alemania y Francia. Desde ese momento, y hasta el día de hoy, el número de casos no ha dejado de crecer.
Durante ese periodo de tiempo, y hasta ayer mismo, la única medida adoptada por los responsables estatales y autonómicos de la pandemia ha sido la obligatoriedad del uso de mascarillas también en exteriores, a sabiendas de que el impacto de esta es muy reducido o nulo, a pesar de la posición contraria a la misma de científicos y epidemiólogos. Algo que Vox viene denunciando desde hace semanas
Ahora, con más de 2.000 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días en el País Vasco, es cuando el lehendakari Urkullu, sin debate ni discusión con los sectores más afectados y con una actitud manifiestamente autoritaria, ha decidido dar la puntilla al ya muy maltratado sector de la hostelería, la restauración y el ocio nocturno al limitar horarios y prohibir la celebración de cotillones y otros eventos sin previo aviso, cuando todos los locales ya se habían aprovisionado para unos días que les permitirían tomar algo de oxígeno y afrontar el futuro con cierta esperanza.
Para Vox es un absoluto sinsentido que insistan con las mismas medidas adoptadas en otras olas de contagios, siempre las mismas, aunque los escenarios sean muy diferentes entre sí. Y lo que aún es más grave, de nuevo las restricciones han sido adoptadas sin informes que avalen ni la conveniencia ni el impacto de aquellas. Y es así a pese a que el propio Tribunal de Justicia del País Vasco paralizó actuaciones similares precisamente por carecer de aval documental que las amparase.
Es más, el reciente endurecimiento de medidas es la prueba de la absoluta ineficacia de la imposición del “certificado covid”, discriminatoria de personas que han ejercido su derecho a no vacunarse e incapaz de frenar los contagios debido a que las personas vacunadas también pueden ser portadoras del virus. Una medida que ha generado un enorme malestar social, que ya se ha dejado ver en las calles y que promete seguir al alza en las próximas semanas.
El escenario es el más propicio para la tormenta perfecta: el Gobierno de España sumergido en una constante campaña de marketing, reacio a asumir el coste de adoptar medidas que podrían no ser del agrado de la ciudadanía. Gobiernos autonómicos que insistentemente reclamaban hacerse con la gestión de la pandemia, pero que ahora, con los contagios en crecimiento, reivindican ese liderazgo nacional que insistentemente rechazaron.
Y el lehendakari Urkullu liderando una alianza en el norte de España para restringir una vez más los derechos fundamentales de las personas, sin ley que lo ampare, sin aval judicial alguno. La cogobernanza ha demostrado ser un eufemismo para ocultar la realidad y justificar que volvamos a tener 17 Fiestas Navideñas distintas, según las decisiones sin fundamento tomadas por los diferentes caciques regionales.
Y en este contexto, todos los ojos miran hacia una Atención Primaria infradotada para atender la avalancha de casos que está llegando a los centros de salud. Es un serio contratiempo para la ciudadanía, no provocado por esta. Es más, es la sociedad la principal pagana de la negligente gestión de la crisis, la que asiste incrédula a la propaganda gubernamental sostenida en el tiempo, a la proliferación de promesas incumplidas acerca del fortalecimiento de esta primera línea de defensa contra la pandemia.
Es significativo que una vez más la sociedad haya demostrado estar muy por encima de sus gobernantes, de los partidos que soportan gobiernos ineficaces y negligentes. Estos días hemos asistido a un ejercicio de responsabilidad ciudadana, con miles de personas haciéndose test para prevenir contagios en los habituales encuentros familiares en estas fechas. ¿Y con qué se han encontrado? Con problemas para adquirir test de antígenos, más aún a precios razonables, algo que nos traslada a aquellos tiempos en los que era obligatorio el uso de mascarillas y era prácticamente imposible conseguirlas.
Absoluta desidia de las autoridades nacionales y autonómicas a la hora de valorar escenarios futuros. Total imprevisión que se traduce en una extensión incontrolada del virus, afortunadamente sin el impacto en los hospitales de olas anteriores, y que los gobiernos español y vasco enfrentan con improvisación y autoritarismo crecientes. Máxima incompetencia, como queda probado con el insistente recurso a medidas que han arruinado a importantes sectores económicos, a muchas personas, que violan los derechos fundamentales de las personas, que han demostrado una total ineficacia para frenar la crisis sanitaria. Nula autocrítica y máxima cobardía de la mayoría de quienes nos gobiernan, obsesionados con los sondeos y el mantenimiento de su estatus.
La alternativa de Vox a tanto despropósito es la defensa de la unidad nacional en la gestión de la crisis, la recuperación de competencias por parte del Gobierno español para la adopción de medidas homogéneas en todo el territorio nacional y así garantizar la libertad y la igualdad entre españoles. La situación de hoy no es la de meses atrás. Contamos con medios para combatir la pandemia de forma eficaz sin necesidad de recurrir a medidas limitadoras de derechos.
