La diputada de VOX, Sara Álvarez Rouco, interpeló esta mañana al Consejero de Ciencia, Educación, Empleo y Universidades por las consecuencias en las empresas asturianas de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que acumula subidas por Decreto desde 2018 y que, según quien las interprete, permiten lecturas variadas: “La primera, la de los promotores de la idea. Sus compañeros social-comunistas del gobierno central, que están encantados porque ganan en popularidad y en impuestos -le dijo Álvarez Rouco al consejero-; la segunda, la de los trabajadores, a los que también les gusta e incluso aplauden; y, la tercera, la de los empresarios, los que pagan el SMI, a los que deja hundidos y cada decisión del gobierno les causa terror porque son ellos quienes mantienen sus empresas como pueden y porque, muy a menudo, la rentabilidad que obtienen les da lo justo para vivir. No pueden permitirse asumir más costos sociales”.
En clave regional, Sara Á. Rouco advirtió que “Asturias es tierra de PYMES, y son ellas, precisamente, las más perjudicadas por ese diferencial del 54% al alza que el SMI lleva acumulado desde 2018, hasta alcanzar los 1.134 €” y añadió que “lo que no sabemos es cuántos empresarios de PYMES van a aguantar esta exigencia en un escenario en el que las ventas disminuyen y la productividad retrocede mientras los costos empresariales crecen”.
Para reforzar sus palabras, la diputada de VOX puso de manifiesto algunos datos, como el que “entre 2018 y 2023 el SMI creció 30 puntos porcentuales más que la inflación mientras que la productividad cayó el 4%. Ni más ni menos que el peor registro entre 34 países avanzados”, y por ello advirtió que “vamos lanzados a ser un país no competitivo gracias a que el SMI se utiliza como una ‘política social’ y no como un indicador económico. Algo que la demagogia con la que se utiliza ha hecho olvidar a muchos que el SMI nunca debe usarse como un instrumento de captación de votos o un medio para fidelizar a sus perceptores”.
Con todo ello, “el SMI es un asunto que ha pasado a regirse por la arbitrariedad, dejando de lado que contraviene directamente los criterios marcados en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, donde se dice que la fijación del salario mínimo debe atenerse a tres criterios: la inflación (y recordemos que el SMI subió un 30% más que el IPC), la productividad (que bajó del 4%, una cifra escandalosamente mala) y la coyuntura económica general (una coyuntura que aconseja la contención del gasto en aras de evitar que los precios se disparen). Y la evolución de estos tres conceptos no solo no justifica, sino que excluye cualquier aumento del SMI”, dijo Álvarez Rouco.
En conclusión, “el importe del SMI se determina despreciando las normas por las que debería fijarse. Quienes han manejado este tema, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que hoy lo publicitan como un logro social, dejan ver un planteamiento cortoplacista que se traducirá, más pronto que tarde, en una lacra para el empleo porque inducirá a los empresarios a amortizar puestos de trabajo de un personal cada vez más caro y con una productividad fuera de toda duda”.
Y lo que es “peor”, a juicio de la diputada “los estudios sobre la subida del SMI ofrecen datos inquietantes para los trabajadores menos cualificados, los más vulnerables. Este grupo crece desde 2018, qué casualidad, al ritmo de solo una tercera parte que el resto de los sectores”.
Por eso, “lo único que nos queda claro es que nos alejamos cada vez más del concepto de economía de libre mercado porque la libertad de decidir del empresario desaparece a medida que avanza el intervencionismo del Estado. Y el SMI es uno de los ejemplos más sobresalientes. Asturias es una región especialmente vulnerable en materia de empleo”, remachó antes de requerirle al consejero su criterio por los efectos que la subida del SMI traerá para la viabilidad de las empresas asturianas.
