04 febrero, 2020
La diputada de VOX en la Junta General del Principado, Sara Álvarez Rouco, ha exigido al Principado que lleve a cabo una fiscalización de todo el sector público asturiano “para evaluar su eficiencia y viabilidad y, sobre todo, si no cumple con los requerimientos mínimos legales, sea liquidado”. Así lo ha reclamado en la sesión plenaria celebrada esta mañana al vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, en la que la diputada se refirió a la situación de Sogepsa (Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo) de la que, señaló “ni es útil, ni es viable, su pasado es dudoso y opaco y además, desde el Gobierno regional niegan la evidencia únicamente para no tener que ofrecer explicaciones o exigirlas y todo, porque los responsables serán ustedes, su partido,”.
En este sentido, Álvarez Rouco indicó al vicepresidente durante su interpelación, que “el Principado ha creado un entramado de empresas públicas deficitarias y anticompetitivas poniéndose de acuerdo con las cajas, esa banca pública que lamentablemente está en buena medida gestionada por ustedes, por el PSOE”. “Sogepsa, -continúa la diputada, no funcionaba porque su modelo es erróneo. No se puede escoger socios arbitrariamente, no se puede bajar el precio de las expropiaciones por justificaciones inadmisibles,, no se puede promover millones de metros de suelo industrial porque lo paga el Idepa”. “Ese modelo, señala, no puede existir, es ineficiente, injusto, demoledor para la economía y se enfrenta al empresario privado en competencia desleal ya que quien no está en Sogepsa, no entraba en el reparto”.
De hecho, recalca la diputada, “Sogepsa ni pudo ni debió comportarse como una sociedad privada ya que su naturaleza le obliga a respetar los principios de publicidad y concurrencia. Se inicia la mayor de las mentiras sobre esta sociedad que, para salvarla, la Unión Europea exigía convertirla en 100% pública. Lo que sí decía es que cada operación respetara los principios de competencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación”. Pero aún así, puntualiza Álvarez Rouco, “no hay la valentía suficiente para liquidarla. Si se liquidase, habría que asumir más de tres décadas de despilfarro que a fecha 31 de diciembre de 2018 superaba los 201 millones de euros”.
Además, la diputada señaló que “cuando Cofiño dice que la imagen de Sogepsa proviene del relato tremendista, lo único que consigue es justificarlo y ser uno de los que no asume responsabilidades, porque la imagen de Sogepsa es culpa de Sogepsa, no de nadie más”. Pero además, indica Álvarez Rouco, “se crea Sogesproa, un mecanismo para excluir de Sogepsa todo el suelo que está en promoción y que podría estar afectado por la posición de la UE porque, como sabe, ha establecido un periodo de tiempo de tres años”. Sin embargo, puntualiza, “se trata de un instrumento de comercialización, un ente puramente instrumental, depositario de bienes con aportaciones de los tres socios, dos muy mayoritarios y uno muy minoritario, aportaciones en especie que tienen que ver con estos suelos industriales en el caso de Sogepsa y con otros suelos industriales y residenciales por parte del otro socio, que en este caso es Liberbank”, concluye la diputada.
