El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves la proposición no de ley (PNL) de VOX para ayudas a las entidades dedicadas a la atención a personas con discapacidad, con la que se reforzarán las ayudas a las Asociaciones dedicadas a la atención a la discapacidad y se promoverá la vinculación por parte de las Personas con discapacidad y/o dependencia en la contratación de sus cuidadores, eliminando así las intermediaciones onerosas que encarecen el coste del servicio.
Ana Gil, diputada de VOX por Málaga, ha expuesto que las personas con discapacidad «siguen sufriendo la ignorancia de sus reclamos y de sus necesidades, las cuales les son reconocidas en nuestra Constitución Española en su Art. 49 y otras normativas más específicas como el RDL 1/2013 de 29 de noviembre, o la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, sobre los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía».
Estos reclamos y necesidades esenciales se han visto continuamente mermados ante el rotundo fracaso de las políticas sociales que se desarrollaron durante los gobiernos socialistas, como por ejemplo la promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la cual surgió sin financiación asignada, vaticinando ya su fracaso de manera prematura. Fruto de este nefasto sistema, una media de 80 personas al día murieron en 2018 sin haber tenido la atención que les reconocía la ley mencionada. Y continuando con más cifras, en el año 2019, pese a los 1.385.037 de dependientes que tienen el derecho reconocido, únicamente 1.115.183 fueron asistidos. Un problema endémico sufrido en nuestra región desde hace años y que no cesa de crecer; a día de hoy, ya son 60.380 andaluces los que están en lista de espera desde octubre de 2020.
Gracias a la PNL de VOX que ha sido aprobada, se facilitará la labor que desempeñan estas asociaciones mediante la concesión de ayudas. «Hay que destacar las importantes funciones que desempeñan para con estas personas, atendiéndolas incluso en sus propios domicilios, pues muchas de ellas, por ejemplo, no requieren o desean un internamiento en residencias como inexorablemente parece inducir el modelo actual. De hecho, se debe tener en cuenta el desarraigo familiar que esto supone en muchos casos y segundo, el sobre coste que esto implica para muchas familias y también para las arcas públicas», ha expuesto Ana Gil.
«Existe la necesidad de concebir y respetar sus verdaderas necesidades para impulsar su bienestar, procurar su autonomía en la medida de lo posible y lograr un sistema eficaz, alejándolo de toda burocracia y sobre costes innecesarios. Un modelo en el que las personas asistidas sean realmente el centro del sistema, contando con la participación de toda la comunidad sanitaria».