El portavoz de VOX en la Comisión de Turismo y diputado por Málaga en el Parlamento de Andalucía, Antonio Sevilla, ha advertido hoy del duro invierno que se avecina para el sector: «Nos visitarán menos, estarán casi un 5% menos de su tiempo que en 2019, por lo que gastarán menos, ya que su vuelo le costará casi un 22% más caro». Por ello, ha reclamado «preocupación» porque «los políticos que están en los despachos donde se toman y han tomado las decisiones, tienen un alto porcentaje de responsabilidad en esta situación».
El diputado ha recordado que en, agosto, cerraron 87 establecimientos hoteleros, con un impacto de 1.342 camas, lo que significa que «son las pequeñas empresas familiares las que se han visto abocadas al cierre por no poder soportar la situación a la que sus compañeros, defensores de las Agenda 2030, los han llevado con el encarecimiento de los costes». Y es que, en Andalucía, los costes energéticos han subido, respecto de 2019, un 140% en julio; y un 189% en agosto; la alimentación, un 41% en julio, y un 44,5 en agosto. Esto implica que «si tomamos la media de tres y cuatro estrellas, categorías mayoritarias en la región, los ingresos por habitación disponible respecto de 2019 ha sido de un 9,8 y 7% en julio y agosto, respectivamente». Lo que implica que la rentabilidad se ha desplomado o directamente los empresarios han incurrido en pérdidas
Y esta situación «la aguantan muy pocas empresas a las que inevitablemente están llevando a la ruina con las decisiones que se adoptan por parte de quienes solo obedecen a una ideología, al contrario de la realidad».
Competencia desleal pública
Por otro lado, el portavoz de VOX se ha referido a la red de villas turísticas de Andalucía, cuya gestión pública, ha recordado, «ya empezó con mal pie, no llevaba ni dos años abierta y la empresa gestora ya tenía las cuentas embargadas por la Seguridad Social y Hacienda». Sin embargo, «siguen operando», a costa, esos sí, de las inyecciones de casi dos millones de euros anuales que realizan los andaluces.
Además, se trata de negocios que «operan sin licencia». Es decir, «el organismo encargado de velar para que todos los empresarios privados cumplan la ley, con potestad para sancionar y cerrar negocios para el que no la cumpla, operaba nueve negocios durante diez años que no cumplían la normativa de seguridad y accesibilidad y que ni siquiera tenían licencia de apertura». En definitiva, «supera la competencia desleal al sector del alojamiento».
