El Grupo parlamentario VOX en Aragón se ha quedado solo para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Educación desde las Cortes. El resto de grupos parlamentarios ha rechazado la solicitud de convocatoria específica de un Pleno para debatir dicho recurso que había planteado VOX.
VOX defiende que existen motivos más que sobrados para presentar este recurso por parte de la Comunidad de Aragón. Dado que limita de forma indebida y desproporcionada derechos fundamentales de los aragoneses.
Consideraciones de VOX a la Ley Celaá
La ley pretende imponer a los niños una educación contraria a los principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, especialmente en el artículo 27 de la Constitución. De forma clara y destacada en cuanto a la educación concertada y diferenciada, la educación especial y la educación en español.
La Ley Celaá constituye una clara vulneración del derecho fundamental de padres y alumnos a la libertad de elección del modelo educativo y de centro escolar. Y es una agresión ideologizada contra toda la estructura de la escuela concertada, diferenciada, especial y en español.
Además, esta ley otorga a la Administración educativa la potestad para la “designación del centro educativo”. Y elimina el criterio de demanda social, impidiendo la apertura de centros concertados en lugares donde no haya llegado la educación pública.
También discrimina e impide el acceso en igualdad a los fondos públicos de los centros que opten por la educación diferenciada.
Colegios de educación especial
Por otra parte, esta Ley lleva a cabo una regulación de los Colegios de Educación Especial que provoca claramente su vaciamiento progresivo. Porque deja sin recursos especiales a niños cuyas específicas necesidades neurológicas les impiden adaptarse a las aulas comunes. Así lo ha denunciado la práctica totalidad del sector y la abrumadora mayoría de padres, alumnos y familias.
Se les obliga así al cierre de las aulas de educación especial y se plantea de forma única la educación “inclusiva”. Que no es la deseada por muchas de esas familias afectadas. Y por tanto, la conforme a su derecho fundamental a la educación y a la elección de modelo y centro educativo.
Principio de aconfesionalidad
Finalmente, la ley vulnera también la norma y jurisprudencia constitucional que establece taxativamente la neutralidad y el principio de aconfesionalidad. Y no el laicismo excluyente que pretende imponer el Gobierno.
A su vez, la Ley hace que el español o castellano deje de ser lengua vehicular de la enseñanza y lengua oficial del Estado. Ello provoca que la situación ilegal que de facto se da en Cataluña, se extienda al resto de Comunidades de toda España con lenguas cooficiales.
