La diputada del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, Teresa Ramírez, ha explicado, durante su intervención en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de este martes, que “el análisis de los informes presentados por la Sindicatura de Cuentas son una muestra más de lo que estamos denunciando desde el principio de la legislatura: una irresponsabilidad política con los impuestos de los valencianos y una falta de transparencia. Esto hay que corregirlo, no todo vale en política.”
Por otro lado, la diputada ha hecho hincapié en que “las deficiencias administrativas quedarían identificadas, en el periodo correspondiente, si todos los entes, una vez al año o varias veces y dependiendo de sus funciones, se sometiesen a auditorias. No como ahora, cuando la propia Sindicatura, a través de programas de actuación, establece el tipo y la frecuencia.”
Por ello, Ramírez ha criticado que “dicho informe de fiscalización de la Cuenta General debe subsanar una serie de deficiencias. Como por ejemplo que más del 27 de los entes del inventario del sector público valenciano sujeto a rendición de cuentas (INVENS), no había aportado las cuentas del 2022 a fecha de este informe. Además, figuran en este documento, 6 entes de nivel autonómico que no ejercían ninguna actividad. Esto refleja una falta de responsabilidad de entidades que se alimentan con impuestos de los valencianos.”
“Existen factores que requieren de un cambio urgente y firme, con objetivos muy concretos y fijando plazos de ejecución, debido a la situación económica en la que se encuentra la Comunidad Valenciana. En primer lugar, hay una necesidad de especializar y profesionalizar al personal de la administración pública porque los medios en las consellerias son insuficientes o no tienen una formación necesaria para llevar a cabo una gestión de la actividad cumpliendo la normativa de contratación pública. En segundo lugar, se deben incorporar indicadores de objetivos para comparar los resultados obtenidos con sus costes y unificar los organismos que auditan la Intervención General de la Generalitat, las empresas privadas de auditoría y la Sindicatura de Cuentas.”
En el área de Sanidad, Teresa Ramírez ha afirmado que “es necesario revisar y corregir anualmente las liquidaciones de los contratos de concesión administrativa para la presentación del servicio de asistencia integral y evitar recursos ante los tribunales. En 2022 se presentaron 8 liquidaciones por importe de 164 millones de euros, todas recurridas en tribunales y más de 40 liquidaciones anuales pendientes de aprobar de las cinco concesiones sanitarias por un importe de 411 millones de euros.”
“Se deben definir mecanismos de prevención del enriquecimiento injusto, estos evitarían que se formen irregularidades constitutivas de fraude y corrupción. En 2022 se han aprobado 611 expedientes de resarcimiento por un importe de 1.357 millones. También es necesario que se sancione y exija el control interno de las compras sanitarias, puesto que al cierre de 2022 el presupuesto de las compras sin presupuesto ascendía a 707 millones de euros.”
Finalmente, la diputada ha recalcado que “me llama especialmente la atención, los incumplimientos de la normativa de contratación de personal de la SGISE (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias) no se ha remitido información alguna a la Sindicatura de Cuentas en 2022 ni en ejercicios anteriores de los contratos menores y no menores.”