Más de lo mismo para obtener idénticos malos resultados. Esa parece ser la intención del lehendakari Urkullu, empeñado en prorrogar restricciones que han demostrado ser absolutamente ineficaces para frenar la pandemia, algo que él mismo ha admitido al reconocer que hoy los datos son peores que cuando las medidas entraron en vigor. De ahí que sea inaceptable su insistencia en mantenerlas en vigor.
De entre ellas destacan dos por ser contrarias a la opinión de expertos de muy diversas especialidades científicas: el uso del certificado covid y la obligación de portar mascarillas en espacios públicos. Sin embargo, el Gobierno Vasco insiste en ellas, supuestamente por pura cautela y a pesar de que el balance de las mismas es nulo, cuando no negativo.
Ya son varias las regiones que han optado por levantar la obligación del uso del también conocido como pasaporte covid, como son mayoría los establecimientos en los que propietarios y trabajadores ya no exigen su exhibición. Sin embargo, el señor Urkullu ha decidido apretar algo más el nudo, intentando que la justicia avale su extensión a los hoteles.
Y esto lo hace cuando ya ha quedado probado, como se ha reconocido desde la propia Consejería de Salud del Gobierno Vasco, que el certificado covid no evita contagios y sólo pretende obligar a la vacunación de personas que, por la razón que sea, hayan descartado inocularse alguna de las vacunas contra este virus. La intención del lehendakari, en consecuencia, no es otra que la de seguir avanzando en la vacunación impuesta, por la puerta de atrás y con un marcado carácter autoritario.
Es la única fórmula de actuación de un cargo público que ha demostrado una preocupante cobardía a la hora de enfrentar la crisis -los peores datos se ceban con la región más restrictiva y limitadora de derechos- y una nula empatía con aquellas personas y sectores económicos a los que está condenando a la ruina y a los que, al menos, debe respeto.
Las cifras de contagios, la presión hospitalaria, el balance de muertes asociadas a esta enfermedad han evidenciado que la gestión de la pandemia en el País Vasco está caótica y absolutamente ineficaz, lo que exige una revisión urgente de protocolos y estrategia, si es que ha existido alguna durante estos dos últimos años. Y no es esperable que esa revisión venga de un LABI de marcado carácter gubernamental y político que hasta la fecha se ha limitado a certificar como buenas las medidas impuestos por el lehendakari y su consejera de Salud.
Y no debemos olvidar que, una vez más, el lehendakari Urkullu ha decidido esperar a última hora para despejar las dudas sobre la continuidad o no de las restricciones asociadas a la pandemia, sin capacidad alguna de reacción para las personas y sectores económicos que se ven directamente afectados por ellas.
De nuevo, tónica habitual durante los largos meses de pandemia, el gabinete Urkullu ha hecho gala de una negligente incapacidad para prevenir y programar formas de actuar razonables para evitar las peores consecuencias de la crisis sanitaria en el ámbito sanitario, el social y el económico. Imprevisión, improvisación, opacidad e imposición han sido y son señas de identidad del Gobierno Vasco en pandemia.
