Mientras nos enfrentamos a una crisis descomunal, que afectará a muchas familias que ya lo están pasando muy mal, este Gobierno se dedica a aprobar leyes , no solo como cortina de humo, como dicen algunos, sino para realizar un verdadero cambio cultural, propio de un estado totalitario. Leyes como la de memoria histórica, la de eutanasia, la del derecho al aborto; la de libertad sexual; la ley trans o la de educación persiguen ese objetivo. Leyes que vulneran el derecho a la vida, a la libertad de expresión, la libertad religiosa, la presunción de inocencia, o que van en contra de la salud de los menores, o del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, entre otros.
En concreto, la pasada semana se acabó aprobando la ley de igualdad de trato y no discriminación, que es una farsa porque ya existen multitud de normas cumpliendo ese objetivo. Por el contrario, esta ley resulta un instrumento imprescindible para introducir ese cambio cultural en contra de la realidad y del propio ser del hombre. Un cambio que es imposible realizarlo por medio de la razón y se impone por la fuerza. Se sancionará con multas de hasta 500.000 euros al que disienta del pensamiento oficial, llámese ideología de género, agenda 2030, cultura del descarte, cambio climático o memoria histórica.
Para ello se crea un organismo que denominan autoridad independiente y que podríamos decir que es “El ministerio de la Verdad de Orwell”. La tipificación de las infracciones carece de la objetividad necesaria y las sanciones administrativas, son, en muchos casos, más duras que las penales.
La simple amenaza de la imposición de estas sanciones disuadirá a quien quiera opinar diferente, sea un periodista, un profesor o un director de cine, atentando de formas directa contra la libertad de pensamiento. Creará un clima asfixiante.
Los estados totalitarios, en el que quieren convertir el nuestro, también vienen de regímenes democráticos. Tenemos pruebas en la historia reciente de Europa.
Estas leyes, cuando tienen sesgos de inconstitucionalidad, evitan en su desarrollo legislativo la información pública y los informes, pero no pueden evitar a VOX, que les advierte de su inconstitucionalidad, y nunca ha sido tan necesario como ahora ya que, además, quieren imponer a los magistrados del TC, que piensan, son favorables a sus postulados.
Mientras, el PP asume varios de esos postulados y dice ser necesaria tan solo la economía.
Si no se reconocen los valores, lo que es verdadero y bueno, ¿cómo la economía va a saber reconocer lo que es útil?
