El diputado de VOX en la Junta General Javier Jové ha acusado al Gobierno de Adrián Barbón de “vivir en una realidad paralela”, centrado en la imposición de la llingua y en debates identitarios mientras “los asturianos están preocupados por la vivienda, el empleo, la fiscalidad abusiva y la calidad de los servicios públicos”.
Jové ha cargado contra la denominada estrategia lingüística 2026-2030, que contempla 245 medidas, calificándola de “plan para imponer la llingua a toda costa”. Ha criticado iniciativas como la entrega de manuales bilingües a turistas, la creación de un sello específico para centros con mayor matrícula en llingua o la exigencia de formación lingüística a determinados profesionales. “Mientras se niegan sellos de excelencia educativa por resultados académicos, se premia la matrícula en llingua. Hemos perdido el norte”, ha lamentado.
El parlamentario ha cuestionado además el coste económico del plan, señalando que ya se destinan alrededor de 60 millones de euros a estas políticas. “Ese dinero no va a sanidad, ni a educación, ni a infraestructuras, ni a la prevención de argayos. Va a cebar una estructura ideológica que no responde a las prioridades reales de la sociedad”, ha sostenido.
“Una ley contra la vivienda”
En materia de vivienda, Jové ha calificado la nueva ley impulsada por el Ejecutivo como “una ley contra la vivienda”, alertando de que introduce restricciones que dificultan el acceso a vivienda protegida y generan inseguridad jurídica. “Es una norma disparatada que desprecia al propietario y que desincentivará aún más la construcción en Asturias”, ha advertido.
Como ejemplo, ha señalado que una persona que viva y trabaje en Oviedo no podrá optar a una vivienda protegida si hereda una casa en un concejo rural aunque no pueda venderla, quedando automáticamente excluida del sistema. También ha advertido de que la norma prevé la pérdida de la vivienda protegida si el propietario pasa determinados periodos fuera de Asturias, algo que puede afectar, por ejemplo, a jubilados que pasan los veranos fuera. “Es una regulación rígida y desconectada de la realidad social asturiana”, ha afirmado.
Escepticismo ante la utilidad de instituciones como el Consejo de Transparencia
El diputado de VOX ha mostrado también escepticismo ante la creación y funcionamiento de organismos como el Consejo de Transparencia. Aunque ha señalado que, si se pone en marcha, debe estar dirigido por un profesional independiente y cualificado, ha cuestionado su utilidad real si no existe voluntad política de facilitar información. “La transparencia no se garantiza creando más estructuras, sino con una cultura política basada en rendir cuentas”, ha concluido.
