El diputado del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Andalucía y presidente de la Comisión de Función Pública, Benito Morillo, ha acusado al Gobierno de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía de “vendernos un falso consenso” en torno a la nueva Ley de Función Pública, la cual “los populares solo han negociado y acordado, siguiendo la estela del PSOE, con los sindicatos de clase UGT y CCOO, dejando fuera al resto de agentes sociales incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la nueva regulación y que ni siquiera han sido convocados por el gobierno andaluz ante una regulación que les afecta de forma frontal”.
Morillo ha destacado el hecho de que, entre otros, “el Gobierno del PP no se ha reunido ni tan siquiera con el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), organización que representa legítimamente los intereses del 60% del total de los funcionarios de la Administración General de la Junta, a los que el ejecutivo ha abandonado”, dejando claro los populares que “no han querido si quiera oír lo que los propios funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía opinan de esta ley”.
Sin embargo, “asistimos perplejos a como el Gobierno de Andalucía alardea y celebra constantemente un supuesto consenso alcanzado en la redacción del proyecto de Ley de Función Pública, que es tan irreal como falso”, asegura el diputado de VOX.
Como ha aseverado Morillo, “este hecho no hace más que viciar de origen la legitimidad de esta ley”, pues “únicamente ha contado en su proceso de redacción con la negociación efectiva de sindicatos que poco o nada conocen la materia a regular, ni mucho menos, representan legítimamente los intereses sindicales de los trabajadores”, como bien muestran las sentencias judiciales condenatorias que sobre los mismos recaen.
Para el diputado de VOX y presidente de la Comisión de Función Pública “llama poderosamente la atención” que sea el mismo Gobierno que pretende públicamente cambiar la legislación vigente en materia de representación institucional, y que haya incluido la materia de Dialogo Social en una de sus consejerías, el mismo que “relega a un plano absolutamente irrisorio a los representantes sindicales de los principales actores afectados”.
En una región como la nuestra, en la que “se han perpetrado las mayores atrocidades en materia de función pública” y en la que las potestades públicas han sido absolutamente usurpadas durante décadas, “resulta inconcebible que no se cuente con el aval de aquellos que mejor conocen la Administración y sin duda, uno de los actores que más han sufrido el desmantelamiento de nuestra administración durante décadas y los vicios de la administración paralela”, ha sentenciado Benito Morillo.
